"Ley de nietos": España mantiene la suspensión del voto para beneficiarios y afecta a miles de argentinos
El Tribunal Supremo de España resolvió mantener la suspensión del derecho a voto para un grupo de personas que accedieron a la nacionalidad española mediante la denominada ley de nietos. La decisión genera incertidumbre entre miles de ciudadanos argentinos que realizaron el trámite y esperaban participar de las próximas elecciones generales.
La medida alcanza a 163.020 personas, según los datos presentados por el Gobierno español ante la Justicia. El tribunal rechazó los pedidos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para dejar sin efecto la suspensión, pese a los planteos sobre las dificultades para revisar los expedientes antes de los comicios.
La controversia se centra en las condiciones que deben cumplir los descendientes de españoles exiliados para ejercer el derecho al voto. En particular, se analizan los casos vinculados con antepasados que abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
Qué pasa con los argentinos beneficiados por la ley de nietos
La resolución tiene especial relevancia para Argentina, uno de los países desde los que se presentaron más solicitudes de nacionalidad española en el marco de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.
La normativa abrió una vía para que determinados hijos y nietos de españoles pudieran solicitar la ciudadanía, especialmente en situaciones relacionadas con el exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual.
Sin embargo, el acceso a la nacionalidad y el derecho a votar son cuestiones diferentes. La suspensión judicial se refiere a la participación electoral de las personas alcanzadas por la medida y no implica, por sí misma, la pérdida de la ciudadanía española.
Por qué se mantiene la restricción
El debate judicial gira en torno a la inscripción electoral de determinados ciudadanos residentes en el exterior y a la documentación necesaria para acreditar que sus antepasados abandonaron España por las circunstancias contempladas en la normativa.
El Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado que se levantara la suspensión, pero el Tribunal Supremo decidió mantenerla. La resolución podría dejar afuera de los próximos comicios a miles de personas que esperaban ejercer su derecho al voto.