Zona Fría: la Defensoría del Pueblo presentó un amparo contra los cambios en los subsidios al gas
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para cuestionar los cambios en el régimen de subsidios al gas para los usuarios de Zona Fría. El organismo también solicitó una medida cautelar urgente para evitar que se apliquen nuevos criterios de exclusión y que se autoricen aumentos tarifarios sin una audiencia pública previa.
La presentación está dirigida contra el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el organismo regulador ENREGE y la empresa Camuzzi Gas Pampeana.
Según lo planteado por la Defensoría, el reclamo busca proteger a más de 262.000 hogares y cuestiona las condiciones establecidas para conservar los beneficios tarifarios en la región.
El amparo plantea dos ejes principales: la suspensión inmediata de los cambios que pueden afectar el acceso a los subsidios y la declaración de inconstitucionalidad de distintos aspectos del régimen vigente.
En cuanto a la medida cautelar, la Defensoría solicitó que se mantengan las condiciones tarifarias de Zona Fría y que se frene la aplicación de los filtros del Sistema de Evaluación de Focalización (SEF) para los usuarios de la región.
Además, pidió que se impida al organismo regulador homologar nuevos cuadros tarifarios sin que se convoque previamente a una audiencia pública.
El objetivo es evitar que los usuarios pierdan el descuento o enfrenten nuevas modificaciones en sus facturas mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Por qué cuestiona los requisitos para acceder al subsidio
Uno de los principales argumentos del organismo apunta a las diferencias entre los criterios de acceso al beneficio en Mar del Plata y los aplicados en otras regiones del país.
La Defensoría sostiene que la normativa genera un trato desigual entre los usuarios de Zona Fría y los de la Patagonia, ya que, según su planteo, estos últimos mantienen el beneficio de manera automática, mientras que en otras zonas se exigen determinadas condiciones patrimoniales.
Por ese motivo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828, al considerar que vulnera el principio de igualdad.
También cuestionó los indicadores patrimoniales establecidos por la Disposición 2/2026, que pueden excluir a usuarios del beneficio por tener determinados bienes, independientemente de sus ingresos reales.
Entre los ejemplos mencionados en la presentación figuran la titularidad de un vehículo de menos de tres años de antigüedad o la posesión de tres inmuebles. La Defensoría advirtió que este último criterio podría alcanzar a una persona que tenga un departamento, una cochera y una baulera.
Según el organismo, estos parámetros no necesariamente reflejan la capacidad económica efectiva de los hogares y podrían dejar sin descuento a usuarios que necesitan asistencia para afrontar el costo del servicio.
Otro punto central del amparo es el mecanismo que permite trasladar automáticamente a las facturas el costo de adquisición del gas.
La Defensoría pidió que se declare inconstitucional ese procedimiento cuando se aplica sin la participación ciudadana que considera obligatoria.
En ese sentido, busca que cualquier nuevo cuadro tarifario sea sometido a una audiencia pública previa, para que los usuarios puedan conocer y debatir los cambios antes de su implementación.
Cómo sigue el amparo colectivo
La presentación deberá ser analizada por la Justicia Federal de Mar del Plata. Entre los primeros pasos posibles está la evaluación de su admisión como proceso colectivo y la eventual inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos, de acuerdo con las reglas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También deberá darse intervención al Ministerio Público Fiscal.
Uno de los puntos más urgentes será la resolución del pedido de medida cautelar. El juzgado podrá pronunciarse sobre la solicitud o requerir previamente informes a los organismos y a la empresa demandados.