Causa ANDIS: investigan contrataciones por más de $82.000 millones y amplían el procesamiento de Spagnuolo
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al considerarlo presunto jefe de una asociación ilícita que habría operado dentro del organismo para obtener beneficios económicos mediante contrataciones públicas.
La medida se tomó a partir de una investigación encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, con intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez. En este nuevo tramo, la causa se centra en la adquisición de insumos médicos relacionados con amputaciones, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas de ruedas, andadores y traumatología.
Además de Spagnuolo, el magistrado amplió los procesamientos de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y de Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre funcionarios y representantes de empresas proveedoras. También alcanzó a dos representantes de droguerías y procesó a otras 19 personas vinculadas con droguerías, laboratorios y ortopedias.
En el caso de Spagnuolo y Garbellini, la Justicia también les atribuyó presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. A Calvete, en tanto, se le imputaron otros delitos, entre ellos lavado de activos de origen ilícito.
Los embargos sobre Spagnuolo, Garbellini y Calvete fueron ampliados hasta alcanzar los 47.000 millones de pesos para cada uno.
Cómo habría funcionado el esquema de contrataciones
Según la resolución judicial, la investigación permitió reconstruir una presunta maniobra que se habría desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mediante la intervención coordinada de funcionarios públicos y empresarios en las adquisiciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) destinados al Programa Federal Incluir Salud.
El expediente describe posibles irregularidades en distintas etapas de las contrataciones: desde la selección de determinados oferentes y la coordinación de cotizaciones hasta el direccionamiento de adjudicaciones y la circulación de los fondos asociados a las operaciones.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, algunos funcionarios de la ANDIS habrían facilitado las maniobras desde el organismo, mientras que operadores externos habrían ejercido influencia sobre las contrataciones y los pagos. A su vez, determinadas empresas proveedoras habrían obtenido adjudicaciones millonarias, presuntamente direccionadas y con sobreprecios.
La resolución también señala que parte de los involucrados habría intervenido en la recepción y circulación del dinero para distribuir beneficios indebidos y procurar darles apariencia de legalidad.
El juez remarcó que las compras estaban destinadas a cubrir necesidades sanitarias concretas de beneficiarios de Incluir Salud, muchos de ellos personas con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.
La causa analiza contrataciones por más de $82.881 millones
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la dimensión económica de las operaciones bajo investigación. Según el análisis judicial, las órdenes de compra y contrataciones examinadas en los seis segmentos de insumos alcanzaron una suma superior a los 82.881 millones de pesos.
La investigación también identificó diferencias de precios en los rubros medicamentos e insumos que, hasta el momento, representarían una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24.
Ese cálculo surge de la comparación de operaciones por $5.984.594.394,24 en medicamentos y $1.849.277.963 en insumos. Sin embargo, el magistrado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a las contrataciones que pudieron compararse hasta ahora, por lo que el monto podría aumentar a medida que avance el análisis del resto de las operaciones.
La causa constituye una nueva etapa de la investigación sobre presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento de Spagnuolo como presunto jefe de la asociación ilícita en otro tramo del expediente, relacionado con contrataciones públicas en el ámbito farmacéutico.
Ahora, la Justicia busca determinar el alcance de las maniobras en la compra de insumos médicos y las responsabilidades de los funcionarios y particulares involucrados.