El Gobierno aprobó un retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional
El Gobierno nacional aprobó un Régimen de Retiro Voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, a través del decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la política de reorganización del Estado que impulsa la gestión de Javier Milei y apunta a modificar las estructuras y dotaciones de personal de los organismos alcanzados.
La normativa comprende al personal de planta permanente regido por la Ley 25.164 y a los trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, establece que los cargos presupuestarios correspondientes a quienes se incorporen al régimen deberán ser suprimidos a partir de la fecha en que se produzca el cese de la relación laboral.
A quiénes alcanza el régimen de retiro voluntario
El artículo 1° del decreto establece que podrán acceder al programa los trabajadores de las jurisdicciones y organismos que integran la Administración Pública Nacional centralizada y que se encuentren comprendidos en alguna de estas modalidades:
- Personal de planta permanente, en los términos de la Ley 25.164.
- Trabajadores con contratos por tiempo indeterminado, alcanzados por el artículo 90 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.
El decreto no extiende expresamente el régimen a la totalidad del sector público nacional, sino que delimita su aplicación a las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada.
Las condiciones específicas para adherir, así como los alcances económicos del retiro, deben consultarse en el Anexo I, que forma parte de la norma y contiene las disposiciones del régimen aprobado.
Qué pasará con los cargos de quienes adhieran
Uno de los puntos centrales del decreto es la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que opten por el retiro voluntario.
El artículo 3° establece que las jurisdicciones alcanzadas deberán adoptar las medidas necesarias para suprimir esas posiciones desde el momento en que se concrete la desvinculación laboral.
La disposición se enmarca en el objetivo oficial de reorganizar las estructuras estatales y optimizar la asignación de los recursos públicos. En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que la medida busca avanzar hacia una gestión más eficiente de las dotaciones de personal.
En cuanto al financiamiento, el artículo 4° dispone que los gastos que demande la implementación del régimen serán cubiertos con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción para el ejercicio correspondiente, de acuerdo con las normas aplicables.
Quién controlará la implementación y cuándo entra en vigencia
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El organismo tendrá facultades para dictar las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas necesarias para poner en práctica el régimen. También podrá prorrogar por única vez el plazo de adhesión, por un período máximo de 30 días corridos.
El decreto 1203/2026 lleva las firmas del presidente Javier Milei, del ministro del Interior, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.