Prisión preventiva para tres hombres y una mujer acusados de integrar una organización que traficaba cocaína y tusi
Cuatro personas fueron imputadas por integrar una presunta organización dedicada al tráfico y la comercialización de cocaína y tusi en Mar del Plata. En el marco de la causa, el juez federal de Garantías Santiago Inchausti dispuso la prisión preventiva de los acusados, a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Los procedimientos se realizaron el 13 y el 14 de octubre, en el marco de una investigación que llevaba cinco meses y que incluyó 16 allanamientos en Mar del Plata y zonas aledañas, además de un operativo sobre la ruta nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen.
La acusación fue formalizada por el fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.
Qué encontraron en los 16 allanamientos
Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron casi 10 kilos de cocaína y 981 gramos de tusi, una sustancia conocida popularmente como “cocaína rosa”, aunque su composición es variable y puede incluir distintas sustancias psicoactivas.
También incautaron dos armas de fuego, 32 teléfonos celulares, balanzas, elementos de corte y otros objetos de interés para la causa. A eso se sumaron cerca de 2,5 millones de pesos, más de 9.000 dólares y 300 euros.
Según las estimaciones de la fuerza de seguridad mencionadas durante la audiencia, la cocaína secuestrada tendría un valor superior a los 243 millones de pesos, mientras que el tusi superaría los 23 millones.
Además, el juez dispuso el embargo de dos vehículos, un Volkswagen Polo Track y un Ford Fiesta, que habrían sido utilizados en las maniobras investigadas o podrían provenir de la actividad ilícita.
Qué roles les atribuye la Fiscalía a los cuatro imputados
Las personas acusadas fueron identificadas por sus iniciales como N.G.D., de 28 años; G.F.D., de 30; C.A.B., de 28; y N.B., de 45. Los dos primeros son hermanos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hermanos habrían cumplido funciones de provisión de estupefacientes y dirección de la organización. La investigación incluyó tareas de vigilancia y seguimiento, análisis de movimientos económicos y registros de viajes que habrían realizado hacia Buenos Aires y otros destinos.
Según los investigadores, en algunos desplazamientos los hermanos viajaban en sus respectivos vehículos y mantenían cierta distancia entre sí. También se registraron recorridos de regreso por rutas alternativas, que los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron relevantes para reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura.
En tanto, a C.A.B. se le atribuyó el rol de distribuidor: presuntamente recibía las sustancias, las almacenaba en el sector de bauleras del edificio donde vivía y luego las repartía entre otros integrantes.
Por su parte, N.B. habría participado en la distribución de las drogas que le entregaba C.A.B., tanto para abastecer otros puntos de venta como para la comercialización a menor escala.
La imputación es por tráfico de estupefacientes en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas, conforme a la Ley 23.737. La investigación continúa y no se descarta la posible participación de otras personas.
Cuánto tiempo estarán detenidos y cómo sigue la causa
El juez Santiago Inchausti dictó prisión preventiva por 180 días para los tres hombres imputados. En el caso de la mujer, estableció un plazo inicial de 15 días, a partir de una cuestión de salud planteada por su defensa.
Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente tres horas, las defensas de los dos principales acusados solicitaron la nulidad de lo actuado. El fiscal Eyherabide se opuso al planteo y el magistrado lo rechazó, al considerar que no se había vulnerado el derecho de defensa.
El Ministerio Público Fiscal también expuso los riesgos procesales que, a su criterio, justificaban las medidas cautelares. Entre otros puntos, mencionó la cantidad de droga incautada, el dinero secuestrado, las armas halladas en uno de los domicilios y la pena en expectativa, estimada entre seis y 20 años de prisión.
Por último, se estableció un plazo de 180 días corridos para la investigación penal preparatoria, con vencimiento previsto para el 13 de abril de 2027. Durante ese período, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.