Reconocen la legitimación de la Defensoría local para que la justicia trate el reclamo por la zona fría
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dictó una resolución determinante al revocar el rechazo in limine emitido por el Juzgado Federal N° 4 y otorgarle plena legitimación activa al Defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredón. Con esta decisión, el organismo municipal queda habilitado procesalmente para llevar adelante un amparo colectivo en defensa de los usuarios de gas de la región.
El caso judicial se inició a raíz del cuestionamiento formulado contra la modificación del régimen de la denominada "Zona Fría". El esquema histórico fue sustituido por el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), basado en parámetros de ingresos y patrimonio. Sin embargo, la nueva normativa preservó el beneficio bioclimático para otras regiones del país como la Patagonia, Malargüe y La Puna, excluyendo a distritos bonaerenses con características climáticas equivalentes.
Al analizar la apelación, los jueces de la Cámara destacaron que el reclamo no pretende discutir en abstracto las políticas públicas nacionales, sino frenar el impacto directo y regresivo que la medida produce sobre la población de General Pueyrredón. En su argumentación, remarcaron que el distrito cuenta con un alto volumen de sectores vulnerables, entre los que se cuentan más de 141.000 adultos mayores, personas con patologías crónicas y una de las tasas de desocupación más marcadas de la zona.
Se ponderó que la Defensoría del Pueblo de la Nación permanece vacante desde la renuncia de su titular en abril de 2009. Al estar a cargo de secretarios interinos que carecen de atribuciones constitucionales plenas para litigar en juicio, negarle la legitimación al defensor municipal implicaría dejar a los ciudadanos en una situación de indefensión y vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva.
Los magistrados fundamentaron que la normativa local autoriza de forma expresa a la Defensoría del Pueblo del municipio a intervenir en defensa de los derechos colectivos o difusos de su comunidad, aplicando la doctrina del "margen de apreciación local" para resguardar los intereses específicos de la región.
Tras la decisión, el expediente volverá al juzgado de origen para que se evalúe la medida cautelar solicitada por la Defensoría y se defina formalmente la tramitación del proceso como causa colectiva. Desde el tribunal aclararon que el reconocimiento de la legitimación procesal no implica expedirse por el momento sobre el fondo del reclamo tarifario.