Inquilinos Agrupados alertó por los cambios en los desalojos tras la aprobación de la nueva ley

La organización advirtió sobre los cambios en los procedimientos de desalojo incluidos en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado. Cuestionó la posibilidad de solicitar la restitución anticipada de inmuebles y las limitaciones a las herramientas de defensa de los inquilinos.

La organización Inquilinos Agrupados cuestionó la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, tendrán los cambios incorporados al procedimiento de desalojo.

A través de una publicación en su cuenta de X, la entidad difundió un listado de seis puntos que considera centrales de la reforma y resumió sus advertencias bajo el concepto de “desalojo exprés”.

El Senado convirtió en ley la iniciativa durante la sesión del jueves 19 de noviembre, con 42 votos afirmativos y 26 negativos. Entre otros aspectos, la norma modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial para agilizar los procedimientos de recuperación de inmuebles.

Qué cambia en los procedimientos de desalojo

Uno de los puntos cuestionados por Inquilinos Agrupados es la posibilidad de que un juez ordene la entrega anticipada de un inmueble antes de que finalice el juicio, bajo determinadas condiciones y con una caución juratoria, es decir, una declaración formal del solicitante en lugar de una garantía económica.

La organización también advirtió sobre las nuevas disposiciones vinculadas con la notificación de las demandas. La reforma contempla que el oficial de Justicia pueda requerir el auxilio de la fuerza pública, ingresar al inmueble en las condiciones previstas por la norma y solicitar documentación para identificar a las personas que lo ocupan.

Otro aspecto señalado es que, en determinados procesos por falta de pago o vencimiento del contrato, se restringen los medios de prueba a la documentación y las pericias.

Además, la reforma establece que los desalojos deberán tramitar mediante un procedimiento sumarísimo, que busca acortar los tiempos judiciales.

Los plazos y las situaciones de vulnerabilidad

En su publicación, Inquilinos Agrupados puso el foco en la situación de las familias que tienen menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condiciones de desamparo.

La normativa contempla que, cuando se presenten esas circunstancias, deberán intervenir los organismos correspondientes para procurar una alternativa habitacional transitoria, por un plazo que no podrá superar los diez días. Sin embargo, esa intervención no suspende el desarrollo del juicio.

La organización también cuestionó que las condiciones de uso del inmueble establecidas en los contratos puedan tener incidencia en los reclamos de restitución. En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que se promuevan desalojos por incumplimientos que no estén relacionados exclusivamente con la falta de pago.

De todos modos, la reforma no habilita a los propietarios a retirar por sus propios medios a quienes ocupan una vivienda: el procedimiento continúa requiriendo intervención judicial.

Qué derechos se mantienen para los inquilinos

Entre los puntos que la propia organización reconoce que se mantienen, figura el plazo mínimo de diez días corridos de intimación previa para que el inquilino de una vivienda pueda cancelar una deuda antes de que el propietario inicie una demanda de desalojo por falta de pago.

También continúa vigente el derecho a devolver las llaves del inmueble.

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