Cuestionan la "inconstitucionalidad" de la Zona Roja en Mar del Plata

Durante un conversatorio acerca de la ordenanza 25.590, el director del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera, disertó en la sede de la Asociación Mundo Igualitario (AMI) de Mar del Plata.

En ese marco, el referente cuestionó el "impacto" que la iniciativa de la Municipalidad de General Pueyrredon podría tener en el colectivo de mujeres y diversidades y se refirió a "la violación de los derechos humanos".

La ordenanza mencionada se encuentra vigente desde septiembre del pasado año, y fue impulsada por el intendente Guillermo Montenegro. "Como consecuencia de esanormativa, existe un colectivo de mujeres y diversidades en situación de prostitución que están siendo criminalizadas y sancionadas. Por tal motivo, y por la inconstitucionalidad de la norma, el Comité presentó oportunamente un recurso de amparo", manifestaron desde la organización del evento.

En el conversatorio expusieron: Claudia Vega, presidenta de AMI y abogada patrocinante; Gustavo Vera, quien compartió la tarea que se viene realizando con la presentación de amparos judiciales; y Cintia Anahí Pili, titular de la Coordinación Nacional de Acceso y Promoción del Empleo para personas travestis, transexuales y transgéneros del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MdMGyD).

Asimismo, la moderación estuvo a cargo de Patricia Vozzi, secretaria de AMI y también estuvieron presentes referentes sindicales, académicos y de la sociedad marplatense.

✅ @GustavoVeraOk disertó en #MardelPlata sobre la “Zona Roja” y su inconstitucionalidad

âž¡ï¸Â En el encuentro, se abordaron las consecuencias de la norma y las realidades a las que se ven expuestas las personas en situación de prostitución.

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— Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata (@ParemosLaTrata) February 23, 2023

Durante el debate, se abordaron temas cruciales sobre las realidades a las que se ven expuestas las personas en situación de prostitución: ausencia de asistencia y de programas adecuados, avasallamiento de sus derechos por parte de personal policial y del juzgado de faltas, actas irregulares, ausencia de la Ley Micaela, etc.

Como conclusión, se acordó una agenda de trabajo en el área jurídico-social, entre el Comité, AMI, organismos competentes y organizaciones de la sociedad civil, que tendrá lugar en el mes de marzo.