Proponen derogar ordenanza que prohíbe operaciones inmobiliarias mediante franquicias

El concejal Emiliano Recalt destacó el proyecto de ordenanza presentado para derogar una ordenanza que impone restricciones en la operatoria de profesionales dentro del mercado inmobiliario. “Tiene que ver con transparentar cuestiones en la que el Estado termina metiéndose donde no le corresponde”, dijo a Radio Brisas.

Junto con Cecilia Martínez, presidenta del bloque de Crear más Libertad en el deliberativo, avanzaron con esta iniciativa que pretende eliminar la ordenanza 25.029 que “prohíbe la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas”.  

Aprobada a comienzos de 2021, según el concejal afecta la libre competencia en este mercado. “Tiene que ver con un planteo de quienes desarrollan la actividad y no están incumpliendo norma y creemos que será buenos para Mar del Plata”, explicó sobre nuevos formatos de comercialización que aparecieron en el rubro.

Citó el caso particular de Remax, una firma y modelo rechazado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. “El municipio no tiene facultad de regular profesiones”, dijo Recalt y aseguró que en el marco de preparación de este proyecto se han reunido con operadores de la intermediación inmobiliaria.

“Es extraño que se dé esta situación que tengamos que derogar una norma que impide el desarrollo profesional”, afirmó y dijo que los casos atacados tienen responsables profesionales que “contratan servicios complementarios”.

“Quienes llevan delante de la profesión son martilleros y tienen personas debidamente registradas”, dijo y por eso insistió en la necesidad de derogar la ordenanza 25.029 porque resulta “prohibitiva”.

Recordó que en este mismo sentido ya había trabajado el ex concejal Alejandro Carrancio y citó un caso de la Justicia de Faltas de Necochea donde negó cargos que se imputaban a una martillera de esa jurisdicción por haber contratado servicios de Rimax.

“La justicia tuvo que transparentar que lo que se hizo no era en contra de la profesión sino un complemento”, afirmó Recalt y recordó que en estas operaciones inmobiliarias “quienes terminan firmando autorizaciones, publicación o venta es un martillero público que está matriculado”.