Preocupación de prestadores por la integración de la ANDIS al Ministerio de Salud

Desde Prestadadores Unidos MDP, Prestadorxs precarizadxs en Salud y Educación, y la organización APND Unidxs, manifestaron su preocupación por el decreto 585/2024. Este decreto, aprobado recientemente, reorganiza los ministerios tras la promulgación de la Ley Bases, y establece que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pasará a formar parte del Ministerio de Salud como organismo desregulado.

Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, indicó a Infobrisas sobre esta situación: "El decreto 585 ya está aprobado y nosotros nos enteramos cuando ya estaba aprobado. La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo que debe ser libre para tomar decisiones en relación a políticas de discapacidad, tanto para las personas con discapacidad, sus familias y el colectivo de prestadores". 

En este sentido, expresó: "Pasarlo a la órbita del Ministerio de Salud es un retroceso en materia de derechos adquiridos y volver a considerar las discapacidades del concepto de salud y enfermedad"

Machado, además agregó: "Estamos trabajando todas las organizaciones de prestadores, de personas con discapacidad, el foro de discapacidad, para primero denunciarlo y hacerlo público, ya que como todo decreto se hizo sin el consentimiento del colectivo de personas con discapacidad. Luego se evaluarán si se realizan acciones más a nivel legal". 

En un comunicado difundido, las organizaciones expresaron: "La ANDIS, como organismo especializado en la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, debe conservar su autonomía para garantizar una atención adecuada y específica a este sector vulnerable".

"La integración de la ANDIS al Ministerio de Salud pone en peligro todos los avances logrados en los años anteriores, alejándose de una mirada social de la discapacidad y perdiendo el enfoque de derechos pensado para cada subjetividad", comunicaron.

La reorganización propuesta por el decreto 585/2024 ha generado una fuerte reacción de parte de diversas organizaciones y colectivos, quienes ven en esta medida un retroceso en términos de derechos y autonomía para la Agencia Nacional de Discapacidad.

Las repercusiones de esta decisión aún están por verse, mientras las organizaciones continúan evaluando posibles acciones legales y formas de protesta para revertir esta situación.