Se oficializa el decreto que regula contratos y concesiones en el marco de la Ley Bases

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó, a través del Decreto 713/2024, la reglamentación del Título III de la Ley 27.742. Este título, que aborda aspectos cruciales sobre los contratos y acuerdos transaccionales, así como las concesiones. Según se detalla, tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito de las inversiones y promover el desarrollo de infraestructuras en Argentina.

Reglamentación de la fuerza mayor y renegociación de contratos

El Capítulo I del Título III establece disposiciones sobre el argumento de fuerza mayor en los contratos vigentes, permitiendo al Poder Ejecutivo Nacional renegociar o rescindir contratos de obra pública, concesiones, y otros acuerdos en caso de emergencia. Esta medida busca proteger los intereses del Estado ante circunstancias imprevistas que puedan afectar la ejecución de estos contratos.

Además, se destaca que no será conveniente para el interés público la suspensión o rescisión de contratos que se encuentren físicamente ejecutados en un 80% al momento de sanción de la ley, o aquellos que cuenten con financiamiento internacional.

Concesiones y nuevas oportunidades para la inversión privada

El Capítulo II introduce modificaciones a la Ley 17.520 y sus posteriores actualizaciones, con el propósito de incentivar la presentación de iniciativas privadas para la construcción y mejora de infraestructuras públicas. Estas modificaciones son parte de un recurso más amplio por modernizar el marco normativo y atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico del país.

En línea con estas reformas, el decreto deroga el Régimen Nacional de Iniciativa Privada aprobado por el Decreto 966/05, y establece un nuevo régimen adaptado a las necesidades actuales, que regirá los sistemas de contratación en proyectos de obra pública y concesiones.

Derogaciones y unificación normativa

En su búsqueda por simplificar y uniformar la legislación aplicable, el decreto también deroga los artículos 57 y 58 del Anexo I del Decreto 1105/89, integrando todas las disposiciones pertinentes en un único cuerpo normativo. Esta consolidación es clave para garantizar la claridad y coherencia del marco legal vigente.