Aumenta la suspensión de pago del alquiler: La crisis habitacional se agrava

Las 16 organizaciones inquilinas que conforman la Federación de Inquilinos Nacional difundieron en un comunicado la difícil situación que enfrentan en el contexto actual del mercado de alquileres en Argentina.

"Desde el 1 de enero de 2024, los contratos de alquiler de vivienda han quedado sujetos a los intereses y decisiones de las inmobiliarias y arrendadores, a raíz del Decreto 70/2023", aseguraron.

En este sentido, agregaron: "Este decreto, disfrazado de un “acuerdo entre partes”, ha llevado a tres millones de hogares inquilinos, desde Ushuaia hasta La Quiaca, a enfrentar una de las mayores extracciones de ingresos de la historia. Las consecuencias son devastadoras".

"La supuesta libertad de contratación se ha convertido en una trampa, obligando a muchas familias a destinar la mitad o más de sus ingresos únicamente al pago del alquiler. Esto significa que trabajamos la mitad del mes solo para cubrir el costo del alquiler, dejando a las familias al borde de la quiebra financiera", señalaron desde la agrupación.

El DNU 70 del gobierno de Javier Milei representa un "retroceso de un siglo, recordando épocas en las que las familias trabajadoras vivían en condiciones de hacinamiento y no podían ejercer ningún derecho más que entregar su fuerza de trabajo a cambio de un lugar donde vivir".

Hoy, según manifestaron en el comunicado, muchas familias, parejas y personas solas ya no pueden afrontar los aumentos trimestrales atados a la inflación, lo que las lleva a buscar desesperadamente habitaciones en viviendas compartidas. Algunos jóvenes regresan a casa de sus padres, mientras que otros se ven forzados a vivir en la calle, quedando invisibilizados por el sistema.

"En las últimas tres décadas, Argentina ha triplicado el número de familias inquilinas, pero el impacto del alquiler en el presupuesto de los trabajadores es el más alto que se ha registrado. El gobierno ha nacionalizado esta situación de saqueo, dejando a inquilinos sin ley ni protección", sosruvieron.

La suspensión de pago está en aumento y los desalojos judiciales se están volviendo comunes. "Nos dirigimos hacia una crisis habitacional que inevitablemente desembocará en una crisis social", expresaron.