Impulsan una consulta popular vinculante por el presupuesto universitario

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución por la que solicita la presentación de una nueva propuesta de Ley de Financiamiento Universitario para 2025, y que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante. La intención de este proyecto es que sea la voluntad popular la que defina la aplicación de ese proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo no pueda vetarlo.

La resolución contó con el apoyo unánime de todos sus integrantes. El texto acordado destaca la importancia de que las universidades nacionales cuenten el año que viene con los recursos necesarios para el financiamiento del sistema que, de acuerdo con el cálculo realizado por el CIN, ronda los 7,2 billones de pesos. En tanto, el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso dispone de solo 3,95 billones de pesos.

La resolución también recuerda que la herramienta de la consulta popular vinculante se encuentra establecida en el artículo 40 de la Constitución Nacional y que fue reglamentada por la Ley 25.432 del año 2001 con sus modificatorias en el año 2012. Además, subraya que la convocatoria no puede ser vetada y que el voto afirmativo del pueblo de la nación convierte al proyecto sometido a consulta en ley, y su promulgación tiene que ser inmediata.

Al respecto, Guillermo Durán, decano de la Facultad, manifestó que "la idea me la acercó un profesor y a partir de ahí la empezamos a trabajar. Hicimos múltiples consultas con el vicerrector de la UBA, con las autoridades de Sociales y de Filosofía, también con rectores de otras universidades, con el ex ministro Jaime Perczyk y con Víctor Moriñigo, presidente del CIN". También sostuvo que "hablamos con diputados de diferentes partidos políticos. A todos les pareció una idea interesante y pensamos que una resolución de la Facultad podría ser un buen punto de partida para poner el tema en la agenda pública”.

“Tenemos buenas expectativas con relación a que la propuesta sea aprobada en ambas cámaras. Tanto en Diputados como en Senadores, el proyecto de financiamiento fue aprobado por mayorías muy amplias y luego el veto fue sostenido por apenas un tercio de la Cámara Baja. Ahora se requieren muchos menos votos”, remarcó.

La Ley 25.432 establece, entre otras disposiciones, que la convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta de miembros presentes en cada una de las Cámaras. La consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley de convocatoria en el Boletín Oficial. La norma establece también que el voto será obligatorio, y que será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del 35 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral nacional.