Desde el Episcopado critican la disolución del Fondo de Asistencia para Víctimas de Trata

El Equipo No a la Trata, perteneciente a la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado Argentino, expresó su profunda preocupación ante la reciente disolución del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas. Este fondo, creado en 2019 mediante la Ley 27.508, se financiaba exclusivamente con bienes decomisados de causas judiciales relacionadas con la trata y el lavado de activos.

De esta manera, se explica que el fondo no requería recursos del erario público, ya que sus recursos provenían del decomiso de bienes relacionados con actividades ilícitas. Su principal objetivo era destinar estos activos a la reparación de daños sufridos por las víctimas, facilitando su recuperación y reintegración.

Desde su creación, el Fondo había sido valorado como una herramienta innovadora que situaba a Argentina entre los países más comprometidos en la lucha contra la explotación de personas. Sin embargo, la medida reciente de disolución, argumentada en el marco de un "contexto económico actual", ha generado críticas por considerarse incompatible con la finalidad de justicia y reparación que perseguía esta política pública.

Según un comunicado oficial del Episcopado, esta medida constituye un retroceso significativo en los derechos de las víctimas. "Este tipo de decisiones solo revictimiza a quienes ya han sufrido la peor violación de sus libertades y dignidad humana", sostiene el documento.

El decreto que establece la disolución del Fondo no propone alternativas que garanticen la continuidad de su función, lo cual, según el Equipo No a la Trata, aumenta la vulnerabilidad de las personas afectadas por este delito.

Entre 2019 y 2022, se lograron más de 70 millones de pesos en reparaciones económicas para 168 víctimas, además de la asignación de bienes como vehículos y salarios mínimos. La eliminación de este mecanismo podría interrumpir el acceso a estas compensaciones, afectando el derecho a la reparación integral.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) también destacó los logros obtenidos con el Fondo, subrayando la importancia de preservar políticas públicas que fortalezcan la lucha contra este flagelo.

Desde el Episcopado, solicitan al Gobierno Nacional a reconsiderar esta decisión y restablecer mecanismos que garanticen la reparación de derechos para las víctimas de trata.