martes 16 de junio de 2026
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Nueva Resolución UIF: Controles más estrictos a Personas Expuestas Políticamente

La Unidad de Información Financiera ajusta la normativa para prevenir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, alineándose con estándares internacionales del GAFI.
martes 10 de diciembre de 2024

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución 192/2024 con el objetivo de fortalecer las medidas de control y prevención contra el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de armas de destrucción masiva (FP). Esta actualización se centra en los procedimientos aplicables a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme a las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su homólogo regional, el GAFILAT.

La Resolución 192/2024 introduce ajustes específicos a la normativa establecida por la anterior Resolución 35/2023. Se detallan dos categorías de PEP:

  • Personas Expuestas Políticamente Extranjeras.
  • Personas Expuestas Políticamente Nacionales, Provinciales y Municipales.

Estas clasificaciones precisan cargos gubernamentales, judiciales y de organismos estatales, definiendo las funciones que requieren una vigilancia y control especial por parte de los Sujetos Obligados a informar ante la UIF.

Argentina, como miembro pleno del GAFI desde el año 2000, debe cumplir con las Recomendaciones 12 y 22 que establecen estándares para prevenir el uso indebido del sistema financiero. La identificación y monitoreo de las PEP busca evitar que estas personas abusen de sus cargos para actividades ilícitas.

La norma también se ajusta a las mejores prácticas internacionales recomendadas en la Guía de Personas Expuestas Políticamente del GAFI (2013). Esta guía define a una PEP como individuos en funciones públicas prominentes, sus familiares y allegados.

Con la Resolución 192/2024, la UIF refuerza su compromiso de mantener la transparencia y la integridad del sistema financiero argentino. Estas medidas garantizan que el país se mantenga alineado con las exigencias internacionales, reduciendo riesgos y vulnerabilidades ante el lavado de activos y la financiación ilícita.

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