El Gobierno nacional da de baja la Secretaría de Vivienda

El Gobierno Nacional tomó una fuerte decisión en el marco de su reestructuración estatal, al disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025.

Este cambio refleja la intención del Ejecutivo de reducir el peso del Estado Nacional en la gestión de políticas de vivienda, delegando este rol principalmente a las provincias, municipios y al sector privado.

Según se desprende de los considerandos del decreto, esta disolución surge de la necesidad de ajustar el enfoque sobre cómo se gestionan los temas habitacionales en el país.

El Gobierno considera que las provincias y los municipios deben asumir un papel protagónico en el desarrollo de políticas de vivienda e infraestructura. Se señala que el Estado Nacional había intervenido de manera irregular en este ámbito, especialmente a través de diversos fondos fiduciarios que actualmente se encuentran en proceso de disolución o liquidación.

Uno de los aspectos clave de esta disolución es el impacto sobre los fondos fiduciarios que dependían de la Secretaría de Vivienda. En particular, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) se encuentra actualmente en vías de disolución, lo que modifica sustancialmente la manera en que se financiaban las obras en el sector de la vivienda social.

A pesar de su eliminación, el proceso de cierre de la Secretaría de Vivienda se llevará a cabo de forma ordenada, con la creación de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET). Esta unidad se encargará de la transición de las responsabilidades, asegurando que los proyectos habitacionales en curso no se vean interrumpidos y que el traspaso de competencias se realice de manera eficiente.

Este proceso de descentralización pone de relieve la nueva estrategia del Gobierno en cuanto a políticas habitacionales, donde se prevé que las jurisdicciones locales sean las encargadas de coordinar la mayoría de las iniciativas. Con ello, se pretende disminuir el gasto público asociado a la intervención del Estado Nacional en proyectos de vivienda.

El decreto completo