Convocan a audiencia pública por la privatización de la Ruta 226

En un nuevo paso hacia la reestructuración del sistema vial argentino, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Economía, convocó formalmente a audiencias públicas para debatir la privatización de la Ruta Nacional 226, uno de los tramos incluidos en la segunda etapa del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

La medida, oficializada a través de la Resolución 827/2025, se inscribe en el marco de las acciones previstas por la Ley de Bases y el Decreto 97/2025, que autorizan la concesión de infraestructura pública bajo el régimen de obra pública por peaje.

La audiencia pública, de carácter informativo y participativo, será el espacio en el que ciudadanos, organizaciones y autoridades podrán expresar sus opiniones y sugerencias sobre el proceso de concesión. Aunque no vinculante, el dictamen final deberá contemplar las observaciones más relevantes, conforme lo establece la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Se prevé que la jornada se realice de forma presencial, aunque se habilitará el formato virtual si las condiciones técnicas lo permiten.

La Ruta 226 forma parte del “Tramo Pampa”, uno de los ocho tramos que integran esta nueva etapa del proceso, junto con el Tramo Sur, Atlántico, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte y Acceso Sur.

La DNV, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, elaboró la documentación preliminar que será puesta a consideración durante las audiencias. La intención es avanzar con una Licitación Pública Nacional e Internacional que permita transferir la conservación, explotación y mejora de estas vías a empresas privadas mediante el cobro de peajes.

Fundamentos del plan

Desde el Gobierno se sostiene que la privatización de corredores viales busca reducir el gasto público, mejorar la eficiencia del servicio y aumentar la seguridad vial, sin perder de vista el control estatal sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Además, se remarca que el proceso responde al mandato de modernización administrativa, transparencia y participación ciudadana, establecido tanto por la legislación vigente como por los principios constitucionales.