Nuevo Decreto trae cambios en educación vial y género

En el marco de la reestructuración del Estado, el Gobierno Nacional oficializó el Decreto 436/2025, mediante el cual se derogan disposiciones referidas a programas y organismos del ámbito educativo que, según se argumenta, generan duplicación de funciones y gasto innecesario.

Entre las medidas centrales, se destacan:

• La eliminación del Observatorio de la Educación Vial, creado por la Ley N° 27.214, por no haber sido puesto en funcionamiento desde su creación.
• La supresión del artículo 3° de la Ley N° 27.234, que imponía al Poder Ejecutivo Nacional la organización anual de la jornada “Educar en Igualdad” en todos los niveles educativos del país.

Estas acciones se fundamentan en los principios de eficiencia administrativa, respeto a las autonomías provinciales y necesidad de racionalización del gasto público.

Argumentos del Ejecutivo para la modificación legislativa

Según el texto oficial, la coexistencia del Observatorio con el Consejo Federal de Seguridad Vial resultaba contraproducente al duplicar estructuras con objetivos similares. El Gobierno considera que este tipo de solapamientos obstaculizan la eficacia en la implementación de políticas públicas, además de inflar la estructura administrativa nacional.

Sobre la jornada “Educar en Igualdad”, se establece que la responsabilidad educativa corresponde a las provincias, por lo que el Poder Ejecutivo no debería asumir funciones operativas en el ciclo lectivo, de acuerdo con el principio de descentralización educativa consagrado por la Ley N° 24.049.

Marco legal de la decisión presidencial

El decreto se ampara en las facultades otorgadas por la Ley N° 27.742, conocida como Ley Bases, que declaró la emergencia pública y habilitó al Ejecutivo a suprimir organismos o funciones consideradas innecesarias.

Además, se encuadra en el artículo 3 de dicha norma, que permite modificar o eliminar atribuciones de organismos de la administración pública central o descentralizada, siempre que ello contribuya a mejorar la gestión estatal y reducir el déficit fiscal.

El texto enfatiza la necesidad de lograr un Estado “ágil, eficiente y de calidad”, centrado en el “bien común” y en el uso racional de los recursos públicos.