La UNMdP repudió los dichos oficiales sobre personas en situación de calle

En su última sesión celebrada el jueves 10 de julio, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) manifestó su "más enérgico repudio" a recientes declaraciones de funcionarios públicos vinculadas a las personas en situación de calle.

La casa de estudios sostuvo que tales expresiones resultan "inaceptables" por contribuir a la estigmatización, criminalización de la pobreza y por desatender la complejidad de las realidades que atraviesan los sectores más postergados.

Desde el máximo órgano universitario advirtieron que este tipo de discursos “no solo alimentan prejuicios sociales, sino que también habilitan prácticas discriminatorias y violentas”. Y remarcaron la necesidad urgente de reflexionar, como sociedad, sobre el impacto que tienen tanto la estigmatización como la violencia institucional en la vida de quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad.

“La dignidad, la salud mental y el acceso a derechos fundamentales, como el derecho a la salud, se ven severamente afectados cuando se actúa desde el prejuicio y la exclusión”, advirtieron en el documento aprobado por unanimidad.

En este sentido, la universidad pública marplatense subrayó la urgencia de implementar políticas públicas con enfoque integral, centradas en la inclusión social y el pleno acceso a derechos, en lugar de respuestas punitivas o coercitivas.

El Consejo también celebró el reciente fallo del Juzgado de Garantías N° 4, que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en defensa de personas en situación de calle. La resolución judicial ordenó al Municipio de General Pueyrredon abstenerse de realizar operativos policiales o municipales que impliquen violencia física o verbal, así como el secuestro de pertenencias o documentación personal.

Para la UNMdP, este pronunciamiento judicial constituye “un paso fundamental en la garantía de los derechos de una población históricamente marginada”.

Finalmente, el Consejo Superior reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de una sociedad “más justa, solidaria e inclusiva para todos y todas”.