jueves 07 de mayo de 2026
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El Gobierno posterga la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires fue prorrogada hasta el 10 de noviembre, tras reclamos del Ministerio Público Fiscal.
sábado 26 de julio de 2025

El Ministerio de Justicia de la Nación anunció la postergación del inicio del sistema acusatorio en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, originalmente previsto para el 11 de agosto. La nueva fecha de entrada en vigencia quedó fijada para el 10 de noviembre, en un plazo que fue calificado como “excepcional e improrrogable”.

Según el comunicado oficial, la medida responde a reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, que planteó dificultades para enfrentar investigaciones complejas en esa jurisdicción. Aunque el Gobierno afirmó que la reforma judicial es irreversible, reconoció la necesidad de garantizar una mejor articulación institucional en Comodoro Py.

El Ministerio destacó que el sistema acusatorio ya funciona con éxito en otras jurisdicciones como Rosario, Mendoza, Mar del Plata, General Roca y Comodoro Rivadavia. Además, recordó que el nuevo modelo permite acortar los tiempos de los procesos judiciales y aplicar una política criminal más eficiente y racional.

En ese marco, se remarcó que el Código Procesal Penal Federal está vigente desde hace más de una década y que las falencias edilicias y tecnológicas no deben ser excusa para incumplir su aplicación. “La implementación no admite retrocesos”, indicaron desde la cartera liderada por Mariano Cúneo Libarona.

Reforma judicial y coordinación institucional

El Ejecutivo aseguró que ha aportado asistencia técnica, financiera e institucional para acompañar la implementación en todo el país, frente a años de desinversión y resistencia corporativa. Esta prórroga busca “remover obstáculos políticos” y permitir una coordinación plena entre los tres poderes del Estado.

La decisión, afirman, apunta a que la Justicia Federal porteña esté en condiciones óptimas para adoptar el nuevo modelo de enjuiciamiento penal, que desplaza el sistema inquisitivo tradicional por un proceso más transparente y ágil, con protagonismo del Ministerio Público Fiscal y audiencias orales públicas.