viernes 01 de mayo de 2026
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Promulgaron las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica pero el Gobierno no las aplicará

El presidente Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero aclaró que no las aplicará al argumentar que no existen fondos asignados en el presupuesto nacional para su ejecución.
martes 21 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, aprobadas por el Congreso luego del veto presidencial. Sin embargo, el mandatario libertario advirtió que no las implementará, alegando falta de recursos presupuestarios.

Ambas normas habían sido vetadas por el Ejecutivo, pero el Congreso de la Nación insistió en su sanción con mayorías especiales, obligando al Gobierno a promulgarlas oficialmente. Pese a ello, la administración apeló a un mecanismo legal para mantenerlas sin aplicación práctica.

La decisión del Ejecutivo se apoya en el artículo 5° de la Ley 24.629, sancionada en 1996, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.”

Amparado en esta disposición, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los Decretos 759/25 y 760/25, donde se promulgó formalmente ambas leyes pero se indicó que no podrán ejecutarse mientras no se asignen partidas presupuestarias específicas.

En síntesis, las normas entran en vigencia pero quedan suspendidas en su aplicación.

La medida reaviva el conflicto entre el Gobierno y el Congreso, en un contexto de tensiones por la política fiscal y las prioridades del gasto público.
Mientras los legisladores impulsaron las leyes como respuestas urgentes a la crisis universitaria y sanitaria, el Ejecutivo sostiene que no puede comprometer fondos que no están previstos en el presupuesto vigente.

Esta postura ya se había manifestado en el caso de la ley de emergencia en materia de discapacidad, que también fue promulgada, pero quedó sin ejecución por motivos similares.