Cierre de Caromar en Mar del Plata: reclamo por despidos y pago del 50%

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) confirmó el cierre de una de las bocas de venta de Caromar en la ciudad, una decisión que impacta directamente en 15 trabajadores que se encuentran desde temprano en la puerta del mayorista junto al secretario gremial, Esteban Fraysse.

La medida forma parte de un proceso de reestructuración nacional, en el que la empresa estaría dejando de operar en cuatro sucursales del país.

A pesar del cierre parcial, desde el SECZA remarcan que Caromar no atraviesa un cese total de actividades. Por el contrario, la compañía continúa funcionando en otras localidades y mantiene una estructura productiva activa, con plantas dedicadas a la fabricación de detergentes, alcohol y productos químicos.

Este dato es clave para el conflicto, ya que evidencia que la firma no enfrenta una situación de quebranto o imposibilidad operativa.

La controversia: la empresa busca pagar la mitad de la indemnización

El punto más conflictivo surge con la intención de la empresa de encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago del 50% de la indemnización cuando existe fuerza mayor o disminución no imputable al empleador.

Desde Empleados de Comercio consideran este planteo improcedente y sin justificación, dado que Caromar mantiene actividad productiva y comercial. Por este motivo, el sindicato rechaza la figura legal propuesta por la empresa, al entender que no corresponde aplicar “fuerza mayor” si la firma continúa operando con normalidad en otros puntos del país.

El reclamo sindical: indemnización al 100%

El SECZA exige que Caromar pague la indemnización completa a cada trabajador afectado por el cierre en Mar del Plata. “No permitiremos que se utilicen causales falsas para perjudicar a quienes han sostenido la empresa durante años”, remarcaron desde el gremio.

El sindicato también reiteró que se encuentra a disposición de los empleados, acompañando el proceso y garantizando que se respeten íntegramente sus derechos laborales, tanto en la etapa administrativa como legal.