jueves 02 de abril de 2026
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Seguridad apelará la nulidad del protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad confirmó la apelación judicial para defender el protocolo antipiquetes, al que considera clave para garantizar orden, libre circulación y convivencia social.
martes 30 de diciembre de 2025

El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que apelará la nulidad judicial que intenta avanzar sobre el protocolo antipiquetes, una herramienta que el Gobierno considera clave para garantizar el orden, la previsibilidad y la convivencia social. Desde la cartera remarcaron que la decisión es firme y que no habrá retrocesos en la defensa de la medida, al sostener que su legalidad ya fue avalada en reiteradas oportunidades por la Justicia.

Según el comunicado oficial, el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos sólidos, y es respaldado por una amplia mayoría de la sociedad. Desde el Ministerio señalaron que la experiencia previa demostró que, sin esta herramienta, se profundizan el desorden y el caos en el espacio público, mientras que su aplicación permitió restablecer reglas claras para todos los ciudadanos.

Uno de los principales argumentos del Gobierno es que el protocolo antipiquetes no prohíbe la protesta, sino que la ordena. En ese sentido, destacaron que el derecho a manifestarse y peticionar ante las autoridades sigue plenamente vigente, pero debe ejercerse con respeto por otros derechos fundamentales, como la libre circulación, el trabajo y el normal desarrollo de la actividad comercial.

Desde su implementación, el protocolo permitió evitar cortes totales de calles y rutas, garantizar la circulación en zonas estratégicas de la ciudad de Buenos Aires y reducir situaciones de tensión prolongada. Para el Ejecutivo, estos resultados explican por qué la herramienta es considerada legítima y necesaria para preservar la paz social y la convivencia democrática.

Con la apelación, el Ministerio de Seguridad buscará que una instancia judicial superior revise y revierta la nulidad, reafirmando la validez del protocolo. Mientras tanto, el debate vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, en un contexto donde el Gobierno insiste en que orden, convivencia y reglas claras son condiciones indispensables para una sociedad que aspire a vivir en libertad.