La Fiscal Mazzaferri no descarta que los adolescentes que planeaban ataque escolar fueran radicalizados por adultos

Un reporte internacional activó una causa inédita en Mar del Plata: la posible planificación de un ataque escolar por parte de dos adolescentes menores de 16 años, que no son punibles según la legislación argentina.

La alerta fue enviada por el FBI a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que detectó conversaciones en redes sociales donde se hablaba de una “masacre” en una escuela “llena de niños”, además de referencias a armas, prácticas de tiro y discursos de odio discriminatorio.

La investigación quedó en manos de la fiscal Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

El 30 de enero se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, incluyendo domicilios en Miramar y La Quiaca (Jujuy), donde residían los adolescentes involucrados.

Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal.

Debido a que se trata de menores no punibles, la fiscal solicitó una audiencia previa ante el juez de Garantías Santiago Inchausti. Allí pidió autorización para los procedimientos y la intervención inmediata de la Asesoría de Menores, con el fin de proteger sus derechos y garantizar su acompañamiento legal.

El juez avaló ambas medidas y ordenó mantener reserva sobre la investigación.

La hipótesis de una posible radicalización

Uno de los ejes más sensibles del caso es la sospecha de que los adolescentes podrían haber sido influenciados por adultos que impulsaron un proceso de radicalización progresiva.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, personas mayores podrían haber buscado captar e instrumentalizar a menores para la eventual comisión de hechos graves, aprovechando su edad y vulnerabilidad legal.

Las conversaciones detectadas incluían admiración por autores de masacres escolares ocurridas en el extranjero, además de expresiones violentas contra grupos sociales, raciales y religiosos.

El encuadre legal y la complejidad del caso

Aunque los adolescentes no pueden ser penalmente responsables por su edad, la investigación avanza para determinar posibles responsabilidades de adultos involucrados, tanto en la incitación, la radicalización como en un eventual financiamiento.

De manera preliminar, la fiscalía analiza figuras como:

• Artículo 213 bis del Código Penal, vinculado a delitos contra el orden público
• Ley 23.592 sobre actos discriminatorios
• Artículo 306 del Código Penal, relacionado con posible financiamiento de actividades ilícitas

Para la fiscal Mazzaferri, se trata de un caso de alta complejidad y riesgo potencial para la seguridad pública, que exige actuar con rapidez tanto para investigar como para prevenir cualquier posible hecho violento.