lunes 13 de abril de 2026
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El Gobierno elimina la obra social de las Fuerzas Armadas y crea dos nuevas

El Ejecutivo disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas tras años de crisis financiera y la reemplazó por dos nuevas entidades con coberturas diferenciadas.
viernes 06 de febrero de 2026

El Gobierno nacional dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La decisión pone fin a un organismo creado en 2013 que concentraba la cobertura médica del personal militar y de algunas fuerzas federales, y abre paso a un nuevo esquema con entidades separadas.

Según los fundamentos oficiales, IOSFA atravesaba un desequilibrio financiero persistente, agravado por el aumento sostenido de los costos médicos, el encarecimiento de los medicamentos y la complejidad de administrar un padrón heterogéneo y disperso en todo el país.

Desde el Poder Ejecutivo se explicó que uno de los principales problemas de IOSFA fue la unificación de universos laborales con funciones, regímenes y características muy distintas. Mientras las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval lo hacen del Ministerio de Seguridad Nacional.

Esta convivencia, señalaron, dificultó una gestión eficiente y sostenible de la obra social, afectando su capacidad de garantizar prestaciones adecuadas y previsibles para todos los afiliados.

Dos nuevas obras sociales: cómo funcionará el nuevo esquema

OSFA: cobertura exclusiva para las Fuerzas Armadas

El decreto crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en el ámbito del Ministerio de Defensa. Funcionará como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad para operar tanto en el ámbito público como privado.

Su conducción estará a cargo de un Directorio integrado por representantes de cada Fuerza Armada, con presidencia rotativa, un punto que busca reforzar la representación institucional y la toma de decisiones específicas para el personal militar.

OSFFESEG: la nueva obra social de las fuerzas federales

En paralelo, se estableció la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional. También será un ente autárquico y contará con un directorio de cinco miembros.

Esta nueva entidad brindará cobertura al personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, con un sistema diseñado específicamente para su realidad operativa y territorial.

Qué pasará con los afiliados y las prestaciones de salud

El decreto establece un período de transición de hasta 365 días, durante el cual se garantizará la continuidad de la cobertura médica. Los afiliados que estén atravesando tratamientos que no puedan interrumpirse seguirán siendo atendidos por IOSFA hasta su traspaso definitivo.

Los ministerios de Defensa y de Seguridad tendrán plazos diferenciados —60 y 180 días respectivamente— para completar la transferencia de afiliados a las nuevas obras sociales. Una vez realizado el traspaso, cesarán los aportes a IOSFA y cada nuevo organismo asumirá plenamente la cobertura y el financiamiento.

Para supervisar el proceso de disolución y liquidación, se creó una Comisión Especial Ad-Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, además del control de la Sindicatura General de la Nación.

El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación financiera y en la necesidad de evitar una afectación inmediata del derecho a la salud del personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal. El decreto será ahora analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como lo establece la Ley 26.122.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en una reorganización profunda del sistema de obra social vinculado a las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales. El objetivo declarado es lograr mayor sostenibilidad financiera, mejorar la calidad de las prestaciones y adaptar la cobertura sanitaria a las particularidades de cada sector.

El impacto real de la medida dependerá, en gran parte, de cómo se implemente la transición y de la capacidad de las nuevas entidades para responder a las demandas de miles de afiliados en todo el país.