Playa en disputa: el espacio público pierde terreno frente al pago

La disminución del espacio público en la playa frente al avance del espacio pago se convirtió en una de las principales preocupaciones sobre el uso del litoral en Mar del Plata. Lo que antes era un ámbito abierto y accesible para todos, hoy aparece cada vez más condicionado por concesiones privadas que reducen la posibilidad de disfrutar la costa sin pagar.

Esta situación fue expuesta en un relevamiento presentado por la organización Mirada Ciudadana, cuyos resultados fueron analizados públicamente en una entrevista emitida por Radio Brisas con uno de sus referentes, César Ventimiglia. El informe advierte una pérdida progresiva del espacio público disponible para quienes no alquilan carpas o sombrillas, en contraste con áreas privadas que mantienen superficies amplias y estables.

Uno de los datos más contundentes del estudio muestra una desigualdad extrema en la ocupación de la playa. Mientras quienes acceden al espacio pago cuentan con superficies que pueden superar los 30 metros cuadrados por persona, el público que utiliza el sector libre dispone, en algunos casos, de apenas 2,5 metros cuadrados. Esto genera una concentración excesiva, especialmente durante la marea alta, cuando el mar avanza y la franja pública se reduce aún más.

“Nos encontramos con personas quince veces más apretadas en el espacio público que quienes pagan por un servicio de playa”, señala el relevamiento, marcando con claridad el desequilibrio existente.

El problema se agrava en sectores donde las concesiones están fijadas sobre espacios rígidos, sin contemplar la dinámica natural del mar. Cuando la marea sube, el espacio público directamente desaparece, llegando incluso a impedir el tránsito peatonal libre por la costa. Esta situación se repite en distintos puntos del frente costero y no responde a un hecho aislado, sino a un modelo de gestión que no se adapta a la realidad ambiental.

Desde Mirada Ciudadana destacan que el foco del reclamo no está puesto en los empresarios, sino en la ausencia del Estado como regulador. La falta de controles efectivos y la aplicación de multas económicas insignificantes permiten que algunos concesionarios excedan los límites establecidos sin consecuencias reales. En la práctica, incumplir la norma resulta más rentable que respetarla.

Este escenario termina perjudicando a la mayoría de las personas que eligen la playa como un espacio de recreación gratuito. Familias, vecinos y turistas que no pueden o no desean pagar un servicio privado ven restringido su derecho a disfrutar del litoral en condiciones dignas y equitativas.

La discusión de fondo no es la existencia del espacio pago, sino la defensa del espacio público como derecho colectivo. Las organizaciones civiles reclaman una revisión profunda del sistema de concesiones y una presencia activa del Estado que garantice igualdad de acceso, control efectivo y una distribución justa del territorio costero.

La playa, advierten, no debería transformarse en un privilegio, sino seguir siendo un bien común, accesible para todos.