El Estatuto del Periodista frente a la reforma laboral del Gobierno

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei abrió un fuerte debate en el sector de prensa tras confirmarse la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una norma histórica que regulaba derechos específicos de la actividad.

Aunque el proyecto aún debe completar su trámite legislativo, varios de sus artículos ya cuentan con doble sanción, lo que convierte a la eliminación del estatuto en un escenario prácticamente irreversible.

El Estatuto del Periodista no solo establecía condiciones laborales diferenciadas, sino que reconocía el rol social del periodismo dentro del sistema democrático.

Entre sus puntos centrales se destacaban:

• Indemnización agravada ante despidos vinculados al ejercicio profesional
• Protección frente a presiones del poder político o económico
• Definición legal de quién es periodista profesional

Su eliminación implica, según advierten especialistas, una pérdida de identidad jurídica para quienes ejercen la profesión.

La mirada de FOPEA y la preocupación del sector

En diálogo con Radio Brisas, el ex presidente e integrante de la comisión directiva de FOPEA, Fabio Ladetto, advirtió que la derogación del estatuto es “gravísima” porque fragmenta las condiciones laborales y debilita la protección del periodista como trabajador.

Según explicó, los convenios colectivos provinciales seguirán vigentes, pero ya no tendrán un marco nacional común, lo que podría generar diferencias sustanciales entre distritos y mayor precarización.

Hasta ahora, los convenios colectivos de prensa se apoyaban en el Estatuto del Periodista y, en muchos casos, mejoraban sus condiciones. Con la derogación, cada provincia quedará atada a lo que pueda sostener localmente.

Esto implica que un periodista en Buenos Aires podría tener derechos distintos a uno en Tucumán, Córdoba o Mendoza, debilitando la unidad del sector.

Otro punto crítico es la pérdida de la definición legal de periodista. Sin el estatuto, se diluye la diferenciación entre periodistas profesionales y otros actores de la comunicación, como operadores de prensa o creadores de contenido sin formación ni responsabilidades éticas propias del oficio.

Desde FOPEA remarcan que esto no implica oponerse a la actualización del estatuto, sino cuestionar que se lo elimine sin debate previo.

¿Más libertad o más precarización?

El argumento oficial sostiene que la derogación otorgaría mayor libertad, pero desde el sector periodístico advierten que ocurre lo contrario: menos protección frente al poder y más vulnerabilidad laboral.

Como recordó Ladetto, la indemnización agravada no era un privilegio, sino una herramienta de resguardo ante represalias por investigaciones o publicaciones incómodas.

“Si el periodismo no molesta al poder, no es periodismo”, una idea que remite al legado de Rodolfo Walsh y que vuelve a cobrar vigencia en este debate.