Raverta presentó un proyecto para evitar la privatización de los hoteles de Chapadmalal

La senadora provincial de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. Esta iniciativa fue impulsada ante la decisión del Gobierno nacional de avanzar con su privatización.

Es esta línea, manifestó que "el gobierno de Milei quiere desprenderse de un patrimonio que nació para garantizar el derecho a las vacaciones de miles de argentinos. Nosotros proponemos exactamente lo contrario: recuperarlo, protegerlo y asegurar que siga siendo de todos”.

El proyecto de la senadora marplatense declara la voluntad del Estado bonaerense de recuperar los inmuebles del complejo al considerar que se ha desnaturalizado el fin social para el cual fue creado, y establece que la totalidad de los predios y edificios quedarán afectados exclusivamente al turismo social.

“Chapadmalal nació con el peronismo a partir de 1945 y se consolidó como una política pública que garantizó el acceso de los trabajadores a las vacaciones y al mar”, remarcó la senadora.

Asimismo, expresó que "lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”. La iniciativa instruye al Fiscal de Estado a interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias para lograr la restitución de los inmuebles, fundadas en la desviación de su finalidad pública y el incumplimiento del uso social originario.

Al respecto, Raverta expresó que "mientras algunos tienen voracidad por los negocios y creen que Chapadmalal son solo edificios para vender, nosotros vemos familias trabajadoras que disfrutan, pibes que van por primera vez al mar y una historia que no se negocia".

Además, el proyecto, declara la inoponibilidad frente a la Provincia de cualquier acto de disposición que no garantice el carácter de utilidad pública del complejo; y faculta a los organismos provinciales a adoptar medidas administrativas y de poder de policía para preservar el patrimonio. A su vez, establece mecanismos registrales para advertir a terceros sobre la nulidad de eventuales actos que contradigan su finalidad social y garantiza el funcionamiento del complejo mediante programas de turismo social, priorizando el acceso de jubilados y delegaciones escolares.

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