"No podemos continuar": desesperado reclamo de instituciones que atienden a personas con discapacidad

Casi una veintena de instituciones involucradas en la atención de personas con discapacidad reclamaron respuestas prontas a organismos estatales frente a las dificultades que afrontan y un eventual destino de cierre.

"El deterioro generado por el no aumento de los aranceles puso en riesgo la continuidad de muchas instituciones a nivel nacional: hoy no podemos continuar", afirman en una carta abierta difundida en las últimas horas y dirigida por igual a funcionarios nacionales, provinciales y municipales involucrados en la cuestión. 

En este planteo advierten que el incumplimiento de estas leyes "afecta directamente la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, genera daño grave a la salud y pone en riesgo la vida de las personas con discapacidad, por lo que existe real peligro en la demora".

"Llegamos a un punto de quiebre", advierten en la nota y buscan llegar con este "llamado desesperado y fuerte" a todo los sectores de la comunidad, desde gobierno hasta entidades civiles. 

Citan que algunas de estas instituciones llevan más de 30 años en el servicio de atención a la discapacidad y confirman que como consecuencia de la actual situación llegaron a un real riesgo de cierre.  Por eso piden en particular al Ministerio de Economía de la Nación y la cartera de Salud que "oigan y estén a la altura del conflicto".

"Las instituciones, fuertes hacia adentro y debilitadas desde afuera, nos vemos impactadas por las determinaciones del Estado", afirman y describen, entre otras dificultades, falta de actualización del nomenclador y cese de pagos en prestaciones desde fines de 2025 correspondientes a Incluir Salud, IOMA y PAMI, todas obras sociales del Estado. Suman a eso el recorte en la entrega de medicación a afiliados. 

"Hoy nos encontramos en un deliberado abandono, en flagrante violación de todas las leyes nacionales e internacionales que el Estado debe garantizar y elige violar, vulnerar", dicen en el texto y piden cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la 24.901 que establece prestaciones básicas para personas con discapacidad  y la Ley 23.660, que implica provisión de medicación a partir de convenio con Incluir Salud.