jueves 16 de abril de 2026
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Feriantes repudian el desalojo en la Bristol y denuncian que 300 familias quedaron sin trabajo

Desde el sindicato de vendedores ambulantes aseguraron que el operativo dejó a casi 300 familias sin ingresos y denunciaron que no hubo orden judicial para desalojar el predio.
jueves 16 de abril de 2026

El Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVIARA), seccional Mar del Plata, expresó un enérgico repudio a los hechos ocurridos en el Paseo de Compras Bristol, donde se llevó adelante un operativo que derivó en el desalojo del predio.

Desde la organización sindical señalaron que el procedimiento tuvo como consecuencia directa que casi 300 familias marplatenses quedaran sin su fuente de trabajo, al tiempo que denunciaron que también fueron despojadas de sus pertenencias y puestos laborales. En ese sentido, cuestionaron que la situación haya sido celebrada por autoridades municipales, calificando la medida como “irrespetuosa” frente al impacto social generado.

Asimismo, sostuvieron que lo sucedido responde a una estrategia de “mano dura” con fines políticos por parte del Ejecutivo local. Según indicaron, durante los últimos dos años existieron instancias de diálogo y trabajos conjuntos con el Municipio para ordenar el espacio público, los cuales —afirman— se vieron interrumpidos abruptamente con el operativo.

El sindicato también apuntó contra el despliegue del procedimiento, al considerar que se trató de un uso desmedido de la fuerza contra trabajadores, y lo contrastaron con lo que definieron como una “inacción” frente a la inseguridad en la ciudad. Bajo esa mirada, interpretaron el accionar como una medida sin conciencia social y perjudicial para la paz social.

Uno de los ejes más fuertes del reclamo radica en la presunta ilegalidad del desalojo, ya que, según manifestaron, no existió una orden judicial para la desocupación del predio, el cual fue arrasado con topadoras. Indicaron que el único procedimiento autorizado judicialmente era un allanamiento en el marco de una causa por infracción a la Ley de Marcas, a cargo del juez Santiago Inchausti.

En ese contexto, remarcaron que los feriantes mantenían una posesión pública y pacífica del lugar desde hace casi 20 años, período en el cual —aseguran— el propio Municipio convalidó y se benefició del funcionamiento del espacio.

Frente a lo ocurrido, el gremio informó que encomendó al estudio jurídico Robbio - Bernat & Asociados la presentación de denuncias penales y acciones legales, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Por último, el sindicato expresó su solidaridad con las familias que quedaron sin ingresos y aseguró que impulsará todas las medidas necesarias para recuperar los puestos de trabajo y restituir condiciones dignas para el sector.