“No somos intrusos”: familias del complejo Chapadmalal rechazan intimación de la AABE para desalojarlos

La situación de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal encendió una fuerte alarma luego de que, según denunciaron, recibieran una notificación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que los intimida a abandonar las viviendas que ocupan desde hace décadas.

Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE y representante de parte de los empleados, sostuvo en diálogo con Radio Brisas que la medida afecta a más de 30 familias y calificó la situación como “desesperante”.

Según explicó, las viviendas están ubicadas dentro de los complejos turísticos y fueron otorgadas como parte de las condiciones laborales. “Nos entregan esas viviendas no como un favor, sino como trabajadores del Estado”, afirmó.

En ese sentido, rechazó de plano la calificación de “intrusos” que figura en el acta. “Quiero aclarar que no somos intrusos. Firmamos actas oficiales con tres jefes de Turismo. Es parte de nuestro trabajo esa vivienda”, remarcó.

La delegada también puso el foco en la situación salarial de los trabajadores: “El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón”, detalló, en un contexto que —según indicó— hace aún más difícil afrontar una relocalización.

Sospechas de concesión y falta de respuestas

Marco Ruiz vinculó la intimación con un posible proceso de concesión de la unidad turística. “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle”, denunció.

Hablamos con Florencia Marco Ruiz, delegada de Ate, representante de parte de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal.

"Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en…

— Radio Brisas (@radiobrisasok) April 17, 2026

Además, cuestionó el rol de la AABE: “El AABE no es nuestro empleador”, subrayó, al tiempo que reclamó definiciones de las autoridades competentes.

En esa línea, indicó que ya enviaron notas formales a Jefatura de Gabinete y al área de Turismo. “Todavía nadie nos respondió”, señaló.

Plazo de 10 días y decisión de resistir

El acta recibida establece un plazo de 10 días para abandonar las viviendas, algo que los trabajadores rechazan de manera contundente. “Ya estamos asesorándonos. En 10 días tenemos que contestar. Nos vamos a defender”, adelantó.

En medio de la incertidumbre, la dirigente gremial fue tajante: “No vamos a entregar las viviendas. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”.

Actualmente, estiman que son alrededor de 50 viviendas las que forman parte del conflicto, en una situación que podría escalar si no hay respuestas oficiales en los próximos días.