Concejales exigen suspender el proyecto provincial en Mogotes por el conflicto judicial

El radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica presentaron en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon un proyecto para solicitar la suspensión provisoria del concurso de ideas para la renovación del complejo de Punta Mogotes, al considerar que su avance resulta “precipitado” en medio de un conflicto judicial abierto con la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Ariel Bordaisco, junto a Julián Bussetti y Guido García, quienes coincidieron en que no corresponde avanzar con definiciones estructurales sobre el predio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El proyecto se apoya en el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que rechazó un nuevo planteo de la Provincia y confirmó que la causa por la transferencia de Punta Mogotes continuará en la justicia de Mar del Plata.

En ese contexto, Bordaisco advirtió que “cualquier decisión en este escenario podría afectar los intereses de la ciudad”, y sostuvo que el reclamo de General Pueyrredon por la transferencia del complejo “resulta viable y legítimo en función de los antecedentes históricos, geográficos y normativos”.

Por su parte, Bussetti afirmó que “es imprudente avanzar con un concurso que define el futuro del complejo cuando existe un conflicto judicial abierto”, mientras que García remarcó que “no es solo un acto administrativo: es quién decide sobre Punta Mogotes” y pidió respetar los fallos judiciales y la autonomía municipal.

La iniciativa también solicita al Gobierno bonaerense que adopte las medidas necesarias para concretar la transferencia institucional y administrativa definitiva del complejo Punta Mogotes al Municipio, un reclamo histórico del distrito.

El concurso de ideas había sido impulsado por la Provincia en conjunto con la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, con el objetivo de proyectar la renovación del complejo turístico. Sin embargo, desde los bloques firmantes sostienen que avanzar en ese proceso en medio del litigio podría generar conflictos institucionales y comprometer decisiones futuras sobre el predio.