Alejandro Alvarez explicó la suspensión del financiamiento universitario

El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez, explicó los motivos por los cuales el Gobierno nacional decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que continúa suspendida mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza la cuestión de fondo.

Por medio de sus redes sociales y mediante un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Capital Humano, el funcionario sostuvo que la denominada ley de financiamiento universitario fue impulsada “con la intención de destruir el equilibrio fiscal” y remarcó que actualmente se encuentra suspendida por decisión judicial.

“La llamada Ley de Financiamiento Universitario, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está suspendida”, expresó Alvarez en una publicación realizada en la red social X.

El recurso presentado por el Gobierno

Según informó oficialmente el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno nacional presentó un Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia emitida por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en el marco de la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades.

El objetivo del recurso fue solicitar el efecto suspensivo sobre la medida cautelar relacionada con la Ley N° 27.775 de Financiamiento Universitario.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Cámara concedió el recurso, lo que implica que la ejecución de la medida cautelar quedará suspendida hasta que exista una resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué dice el Gobierno sobre la ley

Desde el Ejecutivo nacional recordaron que mediante el Decreto 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, aunque su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine cuáles serán las fuentes de financiamiento necesarias para sostenerla.

El Gobierno sostiene que la implementación plena de la normativa podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas y afectar el objetivo de mantener el superávit fiscal.

En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano afirmó que la administración nacional mantiene el compromiso de garantizar el derecho a enseñar y aprender, pero dentro de un marco de “sostenibilidad de las cuentas públicas y asignación eficiente de los recursos del Estado”.