Buscan frenar el proyecto en las playas del sur denominado Reserva Explanada

La discusión por el proyecto inmobiliario Reserva Explanada, previsto en la zona sur de Mar del Plata, llegó a la Justicia. La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina presentaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon con el objetivo de anular la declaración de impacto ambiental que permitió avanzar con movimientos de tierra en el predio.

La presentación judicial fue explicada durante una entrevista realizada por Radio Brisas por el ambientalista Kanki Alonso y la abogada María Soledad Arenaza, quien lleva adelante la estrategia legal de las organizaciones.

El planteo busca que el Poder Judicial intervenga ante lo que las entidades consideran un proyecto con potenciales consecuencias sobre el ambiente costero, los médanos y el acceso público a las playas.

La causa tramita ante la Justicia Contencioso Administrativa de Mar del Plata.

Durante la entrevista, Alonso calificó la situación como “grave” y sostuvo que el proyecto podría constituir un antecedente para futuros desarrollos inmobiliarios en sectores próximos a la primera línea de médanos de las playas del sur.

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la transformación de un sector que actualmente conserva características naturales y que, de acuerdo con las organizaciones, cumple funciones ambientales relevantes para el equilibrio de la costa.

El ambientalista también manifestó preocupación por la posible afectación de un área arbolada y señaló que el proyecto contempla la remoción de unos 750 árboles.

De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, esos ejemplares fueron plantados durante la década de 1940, en el marco de los trabajos realizados en la zona vinculados con la construcción de la Ruta Provincial 11.

Qué contempla el proyecto inmobiliario

Uno de los aspectos señalados por las organizaciones es la escala de la construcción proyectada.

Según la información aportada durante la entrevista, Reserva Explanada contempla la construcción de ocho edificios de más de 14 metros de altura, además de sectores subterráneos que alcanzarían aproximadamente los seis metros de profundidad.

Alonso advirtió que el impacto no sería exclusivamente visual. Entre los cuestionamientos mencionó el incremento de la generación de efluentes cloacales, teniendo en cuenta que el sector señalado no cuenta actualmente con una red de cloacas.

También planteó interrogantes respecto de la incidencia que las obras podrían tener sobre la dinámica de los médanos y la erosión costera.

Asimismo, Arenaza aportó otra dimensión al análisis y destacó la magnitud del emprendimiento. Según explicó la abogada, se trata de aproximadamente 40.000 metros cuadrados de construcción, una escala que, desde su perspectiva, constituye un antecedente de particular relevancia dentro del proceso de urbanización de General Pueyrredon.

El planteo de las organizaciones no se limita entonces a discutir una obra puntual, sino que apunta a establecer qué modelo de desarrollo tendrá la costa sur de Mar del Plata en los próximos años.

La preocupación por el acceso público a las playas

Otro de los argumentos centrales de las entidades ambientalistas está relacionado con el carácter público de las playas.

Durante la entrevista, Alonso sostuvo que los desarrollos inmobiliarios de este tipo podrían generar restricciones materiales al acceso y disfrute de la costa.

El reclamo se vincula con la necesidad de preservar el acceso público a los espacios costeros y evitar que la urbanización termine generando, de hecho, situaciones de privatización o apropiación de sectores que pertenecen al dominio público.

En ese sentido, las organizaciones plantean que la discusión excede las características particulares de Reserva Explanada y alcanza al futuro de las playas del sur de Mar del Plata.

La cuestión de la línea de ribera

Uno de los elementos incorporados a la discusión judicial es la situación de la línea de ribera, un aspecto fundamental para determinar hasta dónde llegan los bienes de dominio público vinculados con el agua y la costa.

Arenaza explicó que la Provincia de Buenos Aires, a través de la autoridad competente en materia hídrica, tiene responsabilidades en la determinación de esa línea.

La abogada aseguró que existe en el expediente un informe técnico elaborado en 2022 que advertiría que la demarcación correspondiente a General Pueyrredon se encuentra desactualizada.

Según su explicación, la propia autoridad provincial habría señalado la necesidad de realizar una nueva medición.

Ese elemento fue incorporado por las organizaciones al expediente judicial como parte de sus argumentos contra el avance del proyecto.

Responsabilidades de Provincia y Municipio

Ante la consulta sobre quién debería actualizar la línea de ribera, Arenaza explicó que se trata de responsabilidades concurrentes.

Por un lado, la Provincia tiene competencias relacionadas con la autoridad del agua y la demarcación correspondiente. Por otro, el Municipio de General Pueyrredon posee facultades vinculadas con el ordenamiento urbano y el poder de policía urbanístico.

La discusión sobre las competencias de cada jurisdicción constituye, por lo tanto, otro de los aspectos que deberá analizar la Justicia.

La demanda presentada por las organizaciones busca que la Justicia revise la validez de la declaración de impacto ambiental que permitió avanzar con determinadas tareas en el predio.

De acuerdo con lo explicado por Arenaza, el expediente se encuentra radicado en el fuero Contencioso Administrativo y la causa ya está siendo tramitada judicialmente.

El objetivo de la acción es impedir que el avance de las obras genere modificaciones que puedan resultar difíciles o imposibles de revertir posteriormente.

En materia ambiental, uno de los principios relevantes es precisamente la prevención, que busca evitar que se produzcan daños antes de que estos tengan lugar cuando existen riesgos significativos.