Wado de Pedro cuestionó el Súper RIGI y pidió audiencias públicas en el Senado

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó el proyecto denominado Súper RIGI y reclamó que el Senado convoque a audiencias públicas antes de avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el legislador advirtió sobre el impacto que, según su mirada, podría tener el régimen sobre el territorio y los recursos estratégicos del país. En ese sentido, sostuvo que el proyecto podría comprometer durante décadas el uso del territorio, el agua, la energía, los recursos naturales y la infraestructura estratégica.

El senador definió que una iniciativa de esta magnitud no debería avanzar sin la participación de las comunidades potencialmente afectadas y reclamó que se realice previamente un análisis de los posibles impactos ambientales y territoriales. De Pedro señaló que presentó una nota junto con los senadores Juliana Di Tullio, María Teresa González, Mariano Recalde y Fernando Salino para solicitar formalmente que la Cámara alta convoque a audiencias públicas antes de avanzar con el dictamen.

El planteo apunta a incorporar instancias de participación ciudadana en el proceso legislativo, especialmente frente a proyectos que puedan tener consecuencias de largo plazo sobre el ambiente y los recursos naturales.

El reclamo por el Acuerdo de Escazú

En su cuestionamiento, De Pedro también hizo referencia al Acuerdo de Escazú, tratado internacional que establece estándares vinculados con el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

El legislador planteó que las comunidades que eventualmente puedan verse afectadas deben tener la posibilidad de participar del debate antes de que se adopten decisiones sobre proyectos de esta magnitud.

Otro de los puntos señalados por el legislador está relacionado con la estabilidad que el proyecto busca garantizar a los inversores.

Según De Pedro, esas garantías deben compatibilizarse con las obligaciones ambientales y con la protección de los recursos estratégicos del país. “La estabilidad que se les garantiza a los inversores tiene que respetar las garantías ambientales de nuestra sociedad y el cuidado de nuestros recursos estratégicos”, sostuvo.