La Justicia ordenó medidas urgentes en la Residencia David de adultos mayores

El Juzgado de Familia N°3 de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada en el marco de una acción colectiva de habeas corpus y ordenó impedir nuevos ingresos a la Residencia para Adultos Mayores “David”, hasta que se regularice su situación administrativa y sanitaria. Este nuevo escenario se da luego de los hechos conocidos semanas atrás cuando un enfermero maltrató a internos.

La resolución fue firmada por la jueza Amalia Dorado, en el marco del expediente MP-26790-2026, iniciado a partir de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria.

La decisión judicial apunta a proteger a las personas mayores alojadas en el establecimiento y contempla distintas medidas destinadas a garantizar sus derechos y mejorar las condiciones de atención. En la resolución, el juzgado consideró que de los hechos denunciados surgían elementos que permitían advertir una posible vulneración actual de derechos de las personas alojadas en la institución.

Entre los aspectos señalados aparecen las condiciones materiales, de higiene, atención sanitaria y privacidad, además de una presunta insuficiencia de personal destinado al cuidado de los residentes.

La magistrada tuvo en cuenta, además, la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores que viven en el establecimiento y consideró que las circunstancias denunciadas podían agravar las restricciones propias de su permanencia y afectar su dignidad.

El fallo aclara que estas circunstancias fueron consideradas con el grado de verosimilitud propio de una medida cautelar, mientras continúa la sustanciación de la acción judicial.

Una de las principales medidas adoptadas consiste en impedir que se produzcan nuevos ingresos de personas mayores a la residencia. La orden alcanza a la Dirección Provincial de Registro y Habilitación Sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense y al área correspondiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Ambos organismos deberán abstenerse de autorizar nuevos ingresos a la institución hasta que se regularice su situación administrativa y sanitaria.

La medida fue dictada con carácter preventivo para evitar que se incorporen nuevos residentes mientras se analiza y busca solucionar la situación planteada ante la Justicia.

También deberán informar sobre la capacitación del personal

El juzgado ordenó además librar un oficio a la dirección de la Residencia “David” para que informe si el personal que trabaja allí recibe capacitación relacionada con las tareas que desarrolla.

La institución deberá precisar qué tipo de capacitación recibe el personal, si es brindada por el Ministerio de Salud o el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con qué periodicidad se realiza, cuáles son sus contenidos y cómo acceden a ella tanto los trabajadores que actualmente cumplen funciones como quienes se incorporen en el futuro.

Deberán garantizar la privacidad de los residentes

Otro de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la privacidad durante la atención profesional.

La jueza ordenó a las autoridades de la residencia adoptar las medidas necesarias para garantizar espacios privados destinados a la atención profesional de las personas alojadas.

Además, deberán informar a los residentes sobre esta circunstancia, con el objetivo de favorecer un ámbito confiable y seguro para comunicar cualquier situación que pueda afectar sus derechos.

La resolución también involucra a la Dirección de Personas Mayores de la Municipalidad de General Pueyrredon. El organismo municipal deberá informar al juzgado sobre las gestiones realizadas o que se encuentren en curso en relación con la Residencia para Adultos Mayores “David” y con las personas alojadas allí.

A su vez, deberá intervenir en el seguimiento de la situación relevada en el expediente y remitir al juzgado toda la información disponible en sus registros al respecto.

Vale saber que la jueza también hizo referencia a los estándares internacionales vinculados con los derechos de las personas mayores.

En particular, citó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y destacó derechos relacionados con la dignidad, independencia, autonomía, seguridad y una vida libre de violencia, además del acceso a servicios de cuidado a largo plazo que promuevan su autonomía.

También mencionó las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que establecen pautas para facilitar el acceso efectivo a la Justicia de quienes requieren una protección reforzada.

En ese marco, la resolución consideró que la situación denunciada justificaba adoptar medidas urgentes mientras continúa el trámite judicial.