La Provincia rechazó la consulta virtual de Nación para reformar la Ley de Salud Mental

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la modalidad elegida por el Ministerio de Salud de la Nación para avanzar en la discusión de una eventual reforma de la Ley de Salud Mental y reclamó que el debate se realice de manera presencial, federal y con participación de todas las jurisdicciones.

La postura fue expresada por el Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, luego de una consulta virtual convocada por la cartera sanitaria nacional para abordar posibles modificaciones a la normativa vigente.

Desde la Provincia plantearon que una reforma de estas características tendrá impacto directo sobre los sistemas sanitarios de todo el país y consideraron que la discusión requiere un ámbito común para que las distintas jurisdicciones puedan presentar sus posiciones.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al mecanismo elegido por Nación para llevar adelante las conversaciones.

Desde la cartera sanitaria bonaerense señalaron que las jurisdicciones fueron convocadas por separado y mediante reuniones virtuales, una metodología que, según sostuvieron, no permite desarrollar un debate amplio sobre una modificación legislativa de alcance nacional.

“No se puede buscar legitimar una reforma sin consenso dividiendo a las provincias en grupos”, plantearon desde el Ministerio de Salud bonaerense.

En ese sentido, reclamaron que los representantes de las distintas provincias puedan sentarse en una misma mesa, conocer las posiciones existentes y discutir qué modelo de atención de la salud mental se pretende implementar en el país.

Kreplak planteó diferencias con la reforma

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, manifestó además diferencias con distintos aspectos de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Según la posición expresada por la Provincia, algunas de las modificaciones propuestas podrían significar un retroceso en cuestiones vinculadas con los derechos humanos, el abordaje integral de la salud mental y el acceso a la atención sanitaria.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que las provincias tendrán posteriormente la responsabilidad de implementar buena parte de las políticas de salud mental en sus respectivos territorios.

Por ese motivo, consideraron que las jurisdicciones que deberán aplicar las eventuales modificaciones deben participar activamente de su elaboración.

La Provincia sostuvo que la discusión no debería limitarse a una serie de encuentros separados, sino que debería incluir un proceso de construcción de consensos entre Nación y las distintas jurisdicciones.

El planteo apunta a que cualquier modificación de la legislación contemple las diferentes realidades de los sistemas sanitarios provinciales y cuente con evidencia sanitaria que permita evaluar sus posibles consecuencias.

En ese marco, Buenos Aires reafirmó su disposición a discutir cambios que permitan mejorar el funcionamiento del sistema, aunque insistió en que el proceso debe ser participativo.

El reclamo por más recursos para la atención

Otro de los ejes planteados por la Provincia fue la necesidad de fortalecer la capacidad de atención del sistema de salud mental.

Desde el Ministerio bonaerense señalaron que el debate se desarrolla en un contexto de creciente demanda de atención en salud mental y consideraron que la prioridad debería estar puesta en ampliar los recursos disponibles.

En particular, reclamaron mayor inversión, más equipos de profesionales, más servicios y una mayor capacidad de respuesta para atender a las personas que necesitan asistencia.

“Hoy necesitamos inversión, más equipos, más servicios y mayor capacidad de respuesta. Esa debería ser la prioridad”, sostuvieron desde la cartera sanitaria.

El planteo coloca el foco no solamente en los cambios normativos, sino también en las condiciones materiales necesarias para garantizar el acceso efectivo a la atención.

Qué propone la Provincia para la reforma de la Ley de Salud Mental

La posición bonaerense no implica un rechazo a cualquier modificación de la normativa.

Por el contrario, desde el Ministerio de Salud señalaron que existe disposición para discutir las modificaciones necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema.

La diferencia está puesta en la metodología y en los criterios que deberían orientar el proceso.

La Provincia plantea que una eventual reforma debería construirse sobre cuatro pilares:

• Participación de todas las jurisdicciones involucradas.
• Evidencia sanitaria para evaluar las modificaciones propuestas.
• Consenso amplio entre los distintos actores.
• Preservación de los derechos alcanzados en materia de salud mental.

Desde la administración bonaerense consideran que estos elementos son necesarios para garantizar que cualquier cambio legislativo se traduzca posteriormente en mejores respuestas para las personas que requieren atención.