Investigan si una obra social incumplió órdenes judiciales de cobertura médica

Una investigación judicial busca determinar si existieron incumplimientos de órdenes de cobertura médica por parte de la Obra Social Unión Personal en tres casos tramitados en Mar del Plata. La pesquisa está a cargo del fiscal Carlos Martínez, con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro y el equipo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

En el marco de la causa, a principios de septiembre se realizaron órdenes de presentación en las oficinas que la entidad posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que el juez de Garantías Santiago Inchausti autorizara las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, con allanamientos en subsidio.

El objetivo de la investigación es reconstruir cómo fueron tomadas las decisiones dentro de la obra social frente a determinadas mandas judiciales vinculadas con prestaciones médicas y establecer si existieron responsabilidades penales por los presuntos incumplimientos.

La investigación reúne tres casos que originalmente fueron tramitados de manera independiente, pero que tienen como elemento común a la Obra Social Unión Personal y a distintas órdenes judiciales emitidas por el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, con competencia en materia civil.

Según surge de la investigación, las resoluciones judiciales disponían la cobertura de distintas prestaciones médicas, entre ellas dos intervenciones quirúrgicas. La Fiscalía analiza si esas órdenes fueron cumplidas de manera tardía o directamente no fueron ejecutadas.

La gravedad de los casos está dada, además, por la evolución que tuvieron los afiliados involucrados: dos de ellos fallecieron y el tercero sufrió un agravamiento de su cuadro de salud.

El 11 de noviembre de 2025 se dispuso la acumulación de los tres expedientes en un único legajo fiscal, debido a la existencia de elementos de conexidad subjetiva y probatoria. De esta manera, la Fiscalía comenzó a analizar los hechos de manera conjunta.

Buscan reconstruir cómo se tomaron las decisiones

Uno de los principales objetivos de las medidas ordenadas es conocer qué ocurrió dentro de la estructura administrativa de la obra social una vez recibidas las órdenes judiciales. Durante la audiencia realizada el 3 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal explicó que la documentación incorporada hasta ese momento permitía reconstruir las actuaciones desarrolladas en los expedientes judiciales, como las órdenes de cobertura, presentaciones, respuestas e intimaciones.

Sin embargo, esa información no permitía establecer con precisión qué decisiones fueron adoptadas internamente por la entidad, quiénes participaron de ellas y cuál fue el circuito administrativo seguido ante las órdenes judiciales.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó una orden de presentación con allanamiento en subsidio dirigida al presidente del Consejo Directivo de la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación.

Qué documentación busca la Fiscalía

La medida tiene como finalidad incorporar al expediente documentación y expedientes administrativos relacionados con los tres afiliados involucrados en la investigación.

El material podría permitir establecer cómo ingresaron las órdenes judiciales a la entidad, qué áreas intervinieron, qué respuestas se elaboraron y cuáles fueron las decisiones adoptadas respecto de las prestaciones médicas reclamadas.

La medida fue autorizada por el juez en el marco de la audiencia y posteriormente se concretaron los operativos en las oficinas de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta etapa, los hechos son investigados bajo la hipótesis de desobediencia a una orden judicial, delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal. La Fiscalía aclaró que esta es una calificación inicial y que el avance de la investigación podría determinar la existencia de otras posibles responsabilidades penales.

Uno de los aspectos centrales será establecer si los presuntos incumplimientos de las mandas judiciales tuvieron alguna relación causal con el agravamiento de la salud de los afiliados y con los fallecimientos registrados en dos de los casos.

La eventual existencia de esa relación deberá ser determinada a partir de la evidencia que se incorpore durante la investigación.

La pesquisa encabezada por el fiscal Carlos Martínez continúa con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que se produjeron los presuntos incumplimientos. La Fiscalía también busca identificar a las personas que intervinieron en la toma de decisiones dentro de la obra social y determinar qué responsabilidades podrían corresponder de acuerdo con las pruebas reunidas.

Por el momento, se trata de una investigación en curso, por lo que las hipótesis planteadas por el Ministerio Público Fiscal deberán ser corroboradas mediante las medidas de prueba y el avance del expediente judicial.