Juez Tapia: “La cárcel debería permitir que una persona salga mejor de lo que entró”

El juez Juan Tapia, titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de Mar del Plata, analizó el funcionamiento del sistema penal y los motivos detrás de la pérdida de confianza de la sociedad en el Poder Judicial. Durante una entrevista con Marina Enrico y Adrián Barbarulo en el Pase de Brisas, planteó la necesidad de mejorar la comunicación de las decisiones judiciales, acelerar los procesos y garantizar condiciones dignas de detención.

A lo largo de la charla, el magistrado también explicó las diferencias entre las funciones de jueces, fiscales y defensores, se refirió al uso de la prisión preventiva y cuestionó las dificultades del sistema carcelario para cumplir con su objetivo de resocialización.

Tapia reconoció que la imagen del Poder Judicial ante la sociedad es negativa y sostuvo que la preocupación atraviesa a buena parte de quienes trabajan en la institución. Según explicó, el problema es motivo de debate entre colegas y también impulsa iniciativas para acercar la Justicia a la comunidad. “Tenemos muy clara que es negativa”, señaló al referirse a la percepción social sobre el Poder Judicial. En ese sentido, remarcó la importancia de construir puentes con la comunidad y explicar las decisiones judiciales en un lenguaje sencillo y claro.

El juez también advirtió que muchas veces se habla de la Justicia como si fuera una estructura única, sin distinguir entre los diferentes fueros, organismos y responsabilidades. Esa generalización, consideró, dificulta que la ciudadanía comprenda cómo se toman las decisiones y qué corresponde a cada actor del sistema.

Entre las herramientas para mejorar el vínculo con la sociedad, mencionó las actividades educativas en escuelas, los juicios por jurados y la posibilidad de hacer más públicas las audiencias y los procesos judiciales.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el significado de las garantías penales, un concepto que, según el magistrado, suele aparecer distorsionado en el debate público. Tapia explicó que las garantías constitucionales protegen a todas las personas frente al poder punitivo del Estado. Esto implica, entre otros derechos, conocer la acusación, contar con una defensa, presentar pruebas y acceder a mecanismos para revisar una decisión judicial.

El juez planteó que una persona debe ser juzgada por los hechos que se le atribuyen y no por sus ideas, su orientación sexual o sus elecciones políticas. También subrayó que las reglas deben aplicarse sin distinciones según quién sea la persona investigada.

“Te juzgan por lo que hiciste”, resumió al explicar la diferencia entre evaluar una conducta prevista como delito y perseguir a alguien por sus características o convicciones.

Por qué una excarcelación no significa necesariamente impunidad

Tapia también se refirió a una de las discusiones más frecuentes sobre el sistema penal: la percepción de que una persona que recupera la libertad durante un proceso queda automáticamente impune.

El magistrado explicó que la prisión preventiva es una medida excepcional, que puede aplicarse cuando existen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

En ese contexto, recordó que una persona que todavía no recibió una condena firme conserva el estado jurídico de inocencia. La excarcelación, por lo tanto, no significa que la causa haya terminado ni que se haya determinado que el hecho no existió.

El juez también señaló que las cárceles bonaerenses se encuentran atravesadas por una fuerte superpoblación, una situación que, a su entender, obliga a discutir cómo funciona el sistema de detención y qué resultados produce.

Las demoras judiciales y el problema de los procesos que duran años

Otro de los puntos abordados fue el tiempo que transcurre entre un hecho delictivo y la resolución definitiva de una causa. Para Tapia, las demoras perjudican la imagen de la Justicia y pueden generar una sensación de falta de respuesta.

El magistrado diferenció los casos de flagrancia, en los que una persona es detenida durante la comisión de un delito o inmediatamente después, de las investigaciones más complejas. Según explicó, algunos procesos de flagrancia pueden resolverse en plazos breves, mientras que otras causas requieren más tiempo por sus características. También cuestionó que los expedientes vinculados con hechos de gran repercusión pública puedan extenderse durante años y sostuvo que la percepción de que la Justicia actúa a diferentes velocidades según quién esté involucrado deteriora la confianza social.

En relación con los recursos judiciales, planteó la necesidad de revisar el sistema para garantizar el derecho a una segunda revisión sin prolongar indefinidamente los procesos. El objetivo, explicó, debería ser compatibilizar el control de posibles errores judiciales con el derecho de las personas imputadas y de la sociedad a obtener una resolución dentro de un plazo razonable.

El rol de los jueces, los fiscales y la Policía en la lucha contra el delito

Durante la entrevista, Tapia hizo hincapié en que los distintos actores del sistema penal tienen responsabilidades específicas que no deben confundirse.

En la provincia de Buenos Aires rige un sistema acusatorio en el que los fiscales tienen a su cargo la investigación y la acusación, mientras que los jueces deben actuar como terceros imparciales y resolver los planteos que se presentan ante ellos.

El magistrado explicó que los jueces de garantías intervienen, por ejemplo, cuando la Fiscalía solicita medidas que requieren autorización judicial, como determinados allanamientos o intervenciones sobre comunicaciones.

La prevención del delito, en cambio, corresponde a las áreas ejecutivas competentes. De acuerdo con Tapia, el sistema judicial interviene cuando se investiga una conducta que se presume delictiva, pero no reemplaza las tareas preventivas.

Al analizar las fallas de coordinación, mencionó especialmente las dificultades para responder a tiempo ante situaciones que pueden agravarse. Como ejemplo, se refirió a los casos de violencia de género, en los que las alertas tempranas y la articulación entre los organismos resultan fundamentales.

Las cárceles de Batán y el desafío de la resocialización

Las condiciones de detención ocuparon otro tramo importante del diálogo. Tapia sostuvo que el sistema penitenciario arrastra problemas estructurales y advirtió que el deterioro de las cárceles no puede considerarse un asunto ajeno a la seguridad pública.

El juez explicó que la pena privativa de la libertad busca sancionar una conducta delictiva, pero también debe orientarse a que la persona pueda regresar a la sociedad en mejores condiciones para no volver a cometer delitos.

Para eso, consideró fundamentales la educación, el trabajo y las herramientas que favorezcan la reinserción social. Si durante el encierro predominan la violencia y las condiciones inhumanas, advirtió, se reducen las posibilidades de alcanzar ese objetivo. “Esa pena es para que cuando se venza, esa persona pueda internalizar que lo que hizo estuvo muy mal”, expresó al explicar el sentido de la resocialización.

Tapia también remarcó que defender condiciones dignas para las personas detenidas no implica desconocer la responsabilidad por los delitos cometidos. Por el contrario, sostuvo que el Estado debe cumplir las normas que regulan la ejecución de las penas.

En ese marco, señaló que la situación carcelaria también debe analizarse desde una perspectiva de seguridad, porque las condiciones de detención y las posibilidades de reinserción pueden influir en lo que sucede cuando una persona recupera la libertad.

Legítima defensa: qué condiciones deben cumplirse

Consultado sobre los discursos que promueven la defensa por mano propia y el uso de armas, el magistrado recordó que la legítima defensa está contemplada en la legislación, pero que su aplicación depende de las circunstancias de cada caso.

Tapia explicó que deben evaluarse elementos como la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad y proporcionalidad de la respuesta y la actualidad de la agresión. Es decir, la conducta debe analizarse a partir de lo que efectivamente ocurrió y de los requisitos establecidos por la ley.

También manifestó preocupación por los mensajes que pueden interpretarse como una habilitación general para que las personas se armen y disparen ante cualquier situación de peligro.

El juez advirtió que una respuesta posterior a la agresión puede dejar de ser legítima defensa y convertirse en una represalia. Por eso, insistió en que las situaciones deben evaluarse de manera individual y no a partir de simpatías o identificaciones con alguna de las personas involucradas.

Transparencia y acceso a la información para recuperar la confianza

Hacia el final de la entrevista, Tapia volvió sobre la necesidad de reconstruir la confianza de la ciudadanía en la Justicia. Para el magistrado, además de resolver las causas en tiempos razonables, es importante que la sociedad pueda conocer cómo se toman las decisiones.

Entre las alternativas, propuso ampliar la publicidad de las audiencias y explorar la transmisión de determinados procesos judiciales por canales digitales, de manera que la ciudadanía tenga la posibilidad de observar cómo se desarrolla un juicio y cómo se fundamentan las resoluciones.

Asimismo, resaltó el valor de los juicios por jurados como una instancia en la que la comunidad puede participar directamente y comprender la complejidad que implica evaluar pruebas y determinar la culpabilidad o inocencia de una persona.

Tapia sostuvo que transparentar las decisiones no significa buscar la aprobación de todos, sino explicar los fundamentos jurídicos de cada resolución y aplicar la ley con los mismos criterios, independientemente de quién sea la persona juzgada.