jueves 19 de noviembre de 2026
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ATE recurrió a la Justicia contra el financiamiento del FAL

El sindicato recurrió a la Justicia para frenar el Fondo de Asistencia Laboral, que comenzará a regir el 1° de diciembre. Advierten sobre el impacto en los recursos de ANSES.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó la intervención urgente de la Justicia para frenar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y cuestionó que su financiamiento implique una reducción de los recursos destinados al sistema de seguridad social. La organización sindical advirtió que el nuevo mecanismo podría profundizar el desfinanciamiento de la ANSES y afectar especialmente a los jubilados.

El planteo se produce antes de la entrada en vigencia del régimen, prevista para el 1° de diciembre, en el marco de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Desde ATE sostienen que el mecanismo permitirá que una parte de las contribuciones patronales que actualmente se destinan al sistema previsional sea derivada al financiamiento de un fondo utilizado para afrontar obligaciones indemnizatorias de las empresas. En ese contexto, el sindicato cuestionó que los recursos de la seguridad social terminen contribuyendo al pago de los despidos y reclamó que los costos de las desvinculaciones laborales sean afrontados por los propios sectores empresarios.

La Asociación Trabajadores del Estado presentó el 15 de junio de 2026 una demanda ante la Justicia Federal para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones de la reforma laboral vinculadas con el Fondo de Asistencia Laboral. La presentación judicial cuestiona específicamente el artículo 76 de la Ley 27.802 y el artículo 24 del Decreto 408/2026. Además, ATE solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de esas disposiciones mientras se resuelve el planteo de fondo.

El reclamo fue presentado como una acción colectiva en representación de jubilados, pensionados y trabajadores que realizan aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que es necesario frenar la implementación del fondo antes de que sus efectos se profundicen sobre las cuentas previsionales. El dirigente advirtió que el FAL podría agravar la situación financiera de un sistema jubilatorio que, según la posición del sindicato, ya atraviesa importantes dificultades para garantizar las prestaciones.

Por qué ATE cuestiona el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral

El principal cuestionamiento de la organización sindical está relacionado con el mecanismo de financiamiento previsto en la nueva legislación laboral. La Ley 27.802 establece que los empleadores deberán realizar contribuciones mensuales obligatorias a cuentas individuales de los Fondos de Asistencia Laboral. Los porcentajes iniciales son del 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas.

A su vez, el artículo 76 establece una reducción de las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social equivalente al porcentaje correspondiente al aporte al FAL.

Para ATE, este esquema implica una transferencia de recursos que anteriormente ingresaban al sistema previsional hacia un mecanismo destinado a cubrir obligaciones laborales de las empresas. El sindicato considera que esa modificación puede provocar una pérdida significativa de ingresos para la ANSES y comprometer la sustentabilidad del sistema jubilatorio.

Por su parte, la legislación establece que los recursos del FAL deben utilizarse exclusivamente para afrontar las obligaciones indemnizatorias contempladas en la norma y que la responsabilidad final por el pago continúa siendo del empleador.

Asimismo, el titular de ATE Nacional cuestionó especialmente que la implementación del fondo se produzca en un contexto de dificultades económicas para los jubilados y pensionados. Aguiar sostuvo que los adultos mayores se encuentran entre los sectores más afectados por las políticas económicas del Gobierno nacional y consideró que no deberían soportar las consecuencias de un mecanismo que, según su interpretación, reduce los recursos destinados a financiar las prestaciones previsionales.

En ese sentido, el dirigente reclamó que la Justicia intervenga para proteger los fondos de la seguridad social y evitar un mayor deterioro de los ingresos del sistema. Desde el sindicato también vincularon el reclamo con la situación que atraviesan los jubilados, señalando las dificultades para cubrir sus necesidades básicas y acceder a medicamentos.

La organización considera que los recursos previsionales deben destinarse a garantizar las jubilaciones y pensiones, y no a financiar mecanismos de asistencia para las empresas.

ATE cuestionó que las empresas utilicen recursos previsionales para afrontar despidos

Otro de los puntos centrales del planteo sindical está relacionado con quién debe asumir los costos de las desvinculaciones laborales. Desde ATE sostienen que las indemnizaciones deben ser responsabilidad de los empleadores y cuestionan que el nuevo régimen permita utilizar contribuciones que, de otro modo, ingresarían al sistema de seguridad social.

En ese sentido, el sindicato apuntó contra los grandes grupos económicos, especialmente bancos, petroleras y cerealeras, al considerar que cuentan con capacidad financiera para afrontar las obligaciones derivadas de los despidos.

La postura de la organización es que el financiamiento de las contingencias laborales no debe comprometer los recursos destinados a jubilaciones y pensiones. Por eso, Rodolfo Aguiar y la conducción sindical reclaman que se revise el esquema antes de su implementación y que la Justicia analice la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.

Cuándo comienza a regir el FAL y qué establece la nueva normativa

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado mediante la Ley de Modernización Laboral 27.802. Su objetivo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones laborales e indemnizatorias de los empleadores del sector privado.

El régimen contempla cuentas individuales por empleador, cuyos recursos se integran mediante contribuciones mensuales y los rendimientos de las inversiones realizadas por las entidades administradoras autorizadas.

La normativa establece que esos fondos podrán utilizarse para afrontar distintas obligaciones vinculadas con la extinción de las relaciones laborales, incluyendo indemnizaciones por despido y otros conceptos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo.

Su entrada en vigencia fue prorrogada hasta el 1° de diciembre de 2026, mediante las modificaciones reglamentarias dispuestas por el Poder Ejecutivo. Mientras el Gobierno avanza con su implementación, ATE busca que la Justicia suspenda el mecanismo y determine si el esquema de financiamiento resulta compatible con las garantías constitucionales vinculadas con la seguridad social.