Afirman que las auditorías del Gobierno en el área de discapacidad son "una caza de brujas"
Gabriela Troiano, ex diputada nacional y actual presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), se refirió a las recientes auditorías realizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
En una entrevista con Radio Brisas, Troiano denunció que estas auditorías parecen más una "caza de brujas" que a un proceso legítimo de revisión.
Este proceso, según la ex diputada, se asemeja a la política adoptada en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri, lo que evidencia una falta de comprensión sobre los derechos de las personas con discapacidad.
"El actual Gobierno parece desconocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada a nivel mundial en 2006 y ratificada en 2014 por Argentina". La Convención exige que los Estados miembros adapten sus leyes a sus principios, algo que, según Troiano, no se está cumpliendo adecuadamente en el país.
Problemas con las pensiones no contributivas
Un punto crítico mencionado por Troiano es la situación de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Estas pensiones, que fueron adaptadas para compensar la falta de empleo adecuado, actualmente proporcionan un monto insuficiente para cubrir necesidades básicas.
En diálogo con Gabriel Viñals, Troiano enfatizó que los 150,000 pesos que se otorgan son insuficientes para cubrir gastos esenciales como el alquiler o la alimentación.
La ex diputada también alertó sobre el cierre de instituciones clave, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que históricamente ha sido un punto de denuncia para casos de discriminación por motivos de discapacidad.
Según Troiano, estos cierres y recortes están desarmando el acceso a los derechos de las personas con discapacidad y eliminando los canales necesarios para la denuncia y la defensa de estos derechos.
Llamado a la acción y a la escucha de las organizaciones
Troiano hizo un llamado a las autoridades para que reconsideren estas políticas y escuchen a las organizaciones de discapacidad.
"Desde el inicio hemos pedido reuniones y diálogo, pero nuestras demandas han sido ignoradas".
La ex legisladora concluyó que es vital que el Gobierno actúe de manera responsable y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad.