Denuncia penal contra los 15 concejales que aprobaron la instalación del bar en El Faro
Los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán, junto al abogado César Sivo y las Fundaciones Surf Rider y Patagonia, presentaron detalles sobre las causas judiciales en curso vinculadas a la cesión de terrenos municipales para una micro destilería de gin en la Reserva Paseo Costanero Sur, un predio que fue parte del Centro Clandestino de Detención EX ESIM durante la última dictadura cívico-militar.
El foco de las denuncias se centra en los 15 concejales que aprobaron la instalación de un bar en este sitio emblemático. Durante la conferencia, los presentes anunciaron que la semana pasada se presentó una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro, la Secretaría Legal y Técnica, los 15 concejales, la Sociedad de Fomento Faro Norte, y la empresa BURBARREL S.A., fabricante del gin artesanal Restinga.
Los concejales denunciados fueron Agustín Neme, Guillermo Volponi, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Florencia Ranellucci y Mercedes Morro (Vamos Juntos, el bloque que responde al Pro); Marina Sánchez Herrero, Marianela Romero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas (UCR); Angélica González y Guido García (Coalición Cívica); y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (La Libertad Avanza).
La denuncia, impulsada por organismos de derechos humanos y las fundaciones ambientales, apunta a presuntos delitos de abuso de autoridad por la toma de decisiones que violan disposiciones legales.
Implicancias legales
La denuncia sostiene que la aprobación del proyecto viola la Ley Orgánica de Municipalidades y otros principios legales. Además, los denunciantes destacaron que existen análisis doctrinarios y consideraciones de la ONU que señalan posibles “matrices de corrupción” en la aprobación del proyecto.
Entre los asistentes a la conferencia se encontraban Fernando Martínez Delfino e Irma Piñero, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, y Hernán Pérez Orsi y José María Musmeci, de las fundaciones Surfrider y Patagonia, respectivamente, que interpusieron un amparo ambiental.
El predio en cuestión, que incluye áreas como el ex balneario Honu Beach y el ex camping Luis Piedra Buena, fue históricamente parte de la estructura operativa del Grupo de Tareas 6.2 de la Armada durante la dictadura.
Documentos oficiales de la época y testimonios de sobrevivientes detallan cómo la zona se utilizaba para operativos represivos, incluidos simulacros de fusilamiento y vigilancia armada, confirmando su rol activo en el plan de desaparición de personas.
El valor histórico y testimonial de este sitio lo convierte en un espacio crucial para la memoria colectiva y el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas.
Los organismos de derechos humanos recalcaronn que no se puede desprender este sector del predio del resto de lo que fue la ESIM como centro clandestino de detención.
En la década de 1980, el predio fue municipalizado, pero la Armada continuó operándolo comercialmente, incluyendo la instalación del Aquarium y, más tarde, el parque Había Una Vez.
En la actualidad, la entrega de una parte del predio para la destilería se concretó en apenas 15 días, bajo la administración del intendente Montenegro y con la participación de la Sociedad de Fomento Faro Norte, generando denuncias por la falta de cumplimiento de normas y la velocidad inusitada del proceso.
Los organismos de derechos humanos y los vecinos reafirmaron su compromiso con la defensa de la memoria de quienes no están y su lucha para preservar los espacios de memoria. “Memorializar para recordar, educar para no repetir, conservar e instar a la participación comunitaria” son los principios que guían su accionar, en línea con las convenciones internacionales que buscan resguardar los sitios donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.