Para el juez Tapia, creer que elevando penas los menores dejarán de delinquir "es una ilusión"
En diálogo con Radio Brisas, el juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, analizó el actual debate sobre la baja de la edad de imputabilidad que se lleva adelante en el Congreso Nacional. “Está bien que se discuta en ese ámbito, porque es el espacio que la democracia contempla”, afirmó, aunque advirtió que el foco del debate suele estar mal orientado.
“Gran parte de las discusiones están empantanadas en la edad de imputabilidad, pero en realidad lo que se discute es la edad de punibilidad, es decir, desde qué momento el Estado interviene con herramientas del sistema penal, con el encierro y la violencia que eso implica”, explicó Tapia.
El magistrado consideró que limitar la respuesta del Estado únicamente a lo punitivo es un error. “De todas las herramientas que tiene el Estado, que no son solo el castigo, ¿por qué elegimos la penal? Existen enfoques interdisciplinarios, comunitarios, terapéuticos, educativos, que incluyen acompañamiento, asistencia y conciliación”, señaló.
Tapia también apuntó contra la lógica binaria con la que muchas veces se aborda la problemática. “La mirada de estar con las personas de bien o estar con los delincuentes no permite pensar matices ni discutir de buena fe”, dijo.
Y cuestionó duramente la idea de que endurecer penas sea una solución efectiva: “Creer que elevando penas y encerrando en jaulas a los menores se va a resolver esta problemática es una ilusión”.
Realidades invisibles y estigmas
El juez hizo referencia a informes anuales sobre la situación en centros de detención juvenil, que registran altos niveles de violencia e incluso casos de suicidio.
“Estos lugares tienden a consolidar un estigma. Se le dice al chico que responde al estereotipo de ‘pibe chorro’ y así será tratado”, lamentó.
Tapia también se refirió al problema de las adicciones y su impacto en los jóvenes. “Es un problema social complejo que en Mar del Plata se ha intensificado. Muchos de estos chicos están en situación de calle porque sus familias ya no pueden contenerlos. Hay madres que vienen a Tribunales a pedir que su hijo no vuelva a casa”, relató.
Según advirtió, el encierro no resuelve esta situación. “Cuando ese chico intenta volver a la comunidad, el problema sigue allí. Es necesaria una fuerte presencia del Estado con soluciones colectivas. No se puede pensar que la familia lo resolverá sola”, afirmó.
Las cifras no acompañan el pánico
Tapia también aportó datos estadísticos para poner en contexto la dimensión real del problema.
Según el último censo, hay 3,5 millones de jóvenes entre 13 y 17 años en Argentina. De ese total, solo 1.971 chicos estaban privados de su libertad por delitos.
En la provincia de Buenos Aires, además, la participación de jóvenes de 16 y 17 años en causas judiciales bajó del 4,2% en 2009 al 2,2% en la actualidad.
“La cantidad de delitos cometidos por menores no justifica el tratamiento que se les da. No debemos quedarnos con la alarma que genera un caso grave, sino observar la estadística total”, concluyó.