El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado este domingo de madrugada tras pasar alrededor de doce horas detenido por ocupar el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón junto a diputados y militantes.
La sede, recientemente disuelta por decisión del Gobierno, se encuentra ubicada en Austria 2601, en el barrio de Recoleta. La ocupación generó un fuerte operativo policial que terminó con la detención de Grabois y varios manifestantes.
"Este gobierno dictatorial va a terminar porque hay argentinos y argentinas que tienen el coraje para decirle 'no' a los atropellos. Lo que hicieron en el Instituto Juan Domingo Perón fue intentar borrar la historia de una parte de nuestro pueblo", exclamó esta mañana Juan Grabois, aún con una bandera argentina atada al cuello.
En esa misma línea, el dirigente redobló la apuesta y, ante los medios, acusó: "Estoy muy orgulloso de poder combatir junto a hombres y mujeres con las mismas convicciones que yo a este gobierno y estamos dispuestos a venir una, dos, quince veces, todas las veces que sean necesarias, a visitar las instalaciones de la Policía Federal".
A su vez, Grabois también criticó las condiciones en las que permaneció detenido, subrayando que "la forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana", entre "oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas".
"Son algunas cosas que, cuando sea presidente, voy a cambiar para ayudar al personal", dijo, afinando su discurso de campaña.
Por qué fue detenido Juan Grabois
El operativo policial sucedió el sábado alrededor de las 14.00, cuando unas 50 personas ingresaron al edificio a través del local gastronómico “Un café con Perón”.
Según la Policía, los militantes violentaron una puerta, retuvieron a agentes federales, y colgaron banderas desde los balcones con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el accionar de la Policía Federal y sostuvo que se trató de una “usurpación violenta”.
El origen de la polémica se desató el pasado 7 de mayo, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto Perón por representar “una carga presupuestaria injustificada”. Según el Ministerio de Capital Humano, el instituto contaba con 20 empleados y demandaba más de 400 millones de pesos anuales, sin realizar investigaciones activas.
El edificio, según el Gobierno, será reconvertido en una biblioteca para personas con discapacidad y el restaurante que funciona allí será adjudicado a un emprendimiento para jóvenes neurodivergentes.