La Cámpora exige liberar a detenidos por el ataque a la casa de Espert
La agrupación política La Cámpora pidió la liberación inmediata de cinco militantes detenidos, acusados de participar en el escrache al domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ocurrido días atrás en la Provincia de Buenos Aires.
Entre los arrestados se encuentra Eva Mieri, presidenta del bloque del Partido Justicialista de Quilmes y funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Mieri fue detenida esta mañana durante uno de los allanamientos ordenados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, según fuentes con acceso a la causa judicial.
Además de Eva Mieri, fueron arrestados otros cuatro militantes de La Cámpora: tres mujeres y un hombre, señalados como presuntos partícipes en la organización y ejecución del escrache frente a la vivienda de Espert.
Desde el entorno de los detenidos se denunció que una de las funcionarias permaneció incomunicada por varias horas y que, hasta el momento, no se ha tenido acceso a la carátula de la causa, dado que permanece bajo secreto de sumario.
Por medio de sus redes sociales, la organización kirchnerista difundió un duro comunicado en el que calificó las detenciones como un acto de persecución política:
“No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar”, expresaron desde la cuenta oficial de @la_campora.
En el mismo mensaje se convocó a una conferencia de prensa de abogados y familiares de los detenidos, denunciando lo que consideran una estrategia represiva del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, con respaldo del Ministro de Seguridad Patricia Bullrich, el propio Espert y la jueza Arroyo Salgado.
Contexto judicial y debate político
La investigación judicial permanece activa, con allanamientos en curso y medidas reservadas.
Desde sectores del peronismo y el progresismo se multiplicaron las expresiones de apoyo a los detenidos, con énfasis en la necesidad de respetar las garantías procesales y evitar criminalizar la protesta política.