Trabajadores de la discapacidad exigen el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia
Desde la mañana de este jueves, trabajadores de la salud y del sistema de atención a la discapacidad protagonizan una vigilia frente al Palacio Municipal marplatense, con corte parcial de tránsito en Yrigoyen y Luro, en reclamo del tratamiento inmediato de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que podría ser debatida en el Senado de la Nación a partir de las 12.00.
Entre las banderas que se leen en el lugar se destacan las de “Prestadores Unidos de Mar del Plata” y “Salud y Discapacidad Unidos”, mientras móviles de transporte adaptado permanecen estacionados sobre la calle Yrigoyen, desde San Martín hasta Luro.
En diálogo con el móvil de Radio Brisas, Jésica Machado, vocera de los manifestantes, expresó:
“Volvimos a las calles porque el sistema como lo conocemos ya no resiste. Necesitamos que esta ley se apruebe, que se implemente ya. El silencio del Gobierno es una forma de decir que no hay interés en la discapacidad”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar la continuidad de las prestaciones terapéuticas, mejorar los honorarios profesionales, asegurar el transporte adaptado, revisar el valor de las pensiones, e incentivar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Machado explicó que esta legislación representa una medida de urgencia para “tapar las heridas más graves del sistema”, y así poder trabajar luego en una reforma integral.
Un problema nacional con impacto local
Según los prestadores, en Mar del Plata más de mil profesionales dependen de este sistema, y su trabajo incide directamente sobre pacientes y familias que necesitan centros de día, hogares, terapias, escuelas especiales y transporte adaptado.
“Esto no es un problema de una ciudad. El 2% de la población argentina tiene discapacidad. Cada persona necesita servicios, y el Estado no tiene la infraestructura para responder. Hoy lo estamos sosteniendo los privados”, denunció Machado.
Incertidumbre por el veto presidencial
Si bien hay esperanza de que la ley avance, los manifestantes temen que el Ejecutivo nacional la vete. “El propio presidente y la vicepresidenta dijeron que si se aprueba, la vetarán. Nos preguntamos: ¿cuál es el problema si el impacto presupuestario es solo del 0,2% del PBI?”, expresó la vocera.
Para los prestadores, la falta de apoyo oficial refleja una mirada economicista, en la que la discapacidad es vista como un gasto y no como un derecho.