Espionaje político: Piden que la Justicia "investigue ahora y no dentro de cinco años"
El diputado nacional Facundo Manes, representado por el abogado y ex juez Mariano Berges, amplió formalmente una denuncia por espionaje ilegal ante la Justicia Federal, solicitando una investigación urgente por el presunto uso de los servicios de inteligencia para espiar a dirigentes políticos, sindicalistas y jubilados.
La acción se presentó tras una reciente investigación periodística que reveló presuntas prácticas de vigilancia y recopilación de información sin respaldo judicial, que se habrían realizado con recursos públicos, bajo el argumento de proteger la seguridad presidencial.
“Lo que hicimos fue ampliar la denuncia presentada en marzo, cuando se registró un cruce en el Congreso entre Santiago Caputo y el presidente Javier Milei contra el diputado Manes”, explicó Berges en diálogo con Radio Brisas.
En ese momento, la presentación fue por amenazas coactivas, pero los nuevos elementos permiten hablar de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Esto que se denuncia públicamente ratifica el comportamiento algunos funcionarios del Gobierno actual.”, señaló Bergés.
Prácticas del pasado que persisten
Berges también comparó estos hechos con los ya denunciados por familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que durante el gobierno de Mauricio Macri habrían sido objeto de prácticas similares de inteligencia irregular en Mar del Plata.
“La recolección de datos de forma ilegal —los conocidos 'carpetazos'— no puede seguir siendo tolerada. En el caso de Manes, se abrió un expediente solo por haberse reunido con el intendente Grindetti. Eso es inadmisible”, afirmó el abogado.
Pedido de reacción al Congreso y a la Justicia
El representante del diputado radical sostuvo que este tipo de acciones violan gravemente el sistema democrático y exigió que la Justicia Federal actúe de inmediato, en lugar de demorar años como ha ocurrido en otros casos.
Además, reclamó un mayor protagonismo de la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, que tiene por función supervisar el accionar de estos organismos.
“Estas actividades son graves. Pasan los años y la SIDE sigue haciendo esto. Las instituciones tienen que funcionar”, remató Berges.