Un juez federal declaró inválido el veto de Milei a la emergencia en discapacidad
El juez federal Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, decretó hoy la invalidez del veto presidencial al proyecto de ley que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Lo hizo tras una acción de amparo interpuesta por padres de dos hermanos de 11 años con "trastornos generalizados del desarrollo" y "trastornos específicos en las habilidades escolares", cuya educación y tratamiento quedaron seriamente comprometidos por el desfinanciamiento estatal.
El juez fundamentó su fallo en que “el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias”, y subrayó que cualquier política pública debe priorizar la salud, la educación y la rehabilitación de los sectores vulnerables, incluso por sobre la búsqueda de equilibrio fiscal.
Además, consideró que el veto presidencial constituye una forma de discriminación, al restringir derechos fundamentales de una población en doble situación de vulnerabilidad, y recordó obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de una reciente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reafirma el deber del Estado de proteger a personas en situación de dependencia
El fallo, de primera instancia, aún admite apelación por parte del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la pulseada por la emergencia en discapacidad y el ajuste previsional se trasladará al Congreso.
La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles, en la que se debatirá tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como el aumento a jubilados.
Se espera un debate intenso. El oficialismo intentará defender el veto presidencial, mientras que bloques opositores impulsan revertir la medida y garantizar la protección social de jubilados y personas con discapacidad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad y el veto presidencial
- El Congreso sancionó la Ley 27.793, declarando la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. Esta normativa incluía la regularización de pagos a prestadores, actualización de aranceles, reforma de pensiones no contributivas, fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ratificación del cumplimiento del cupo laboral del 4 % en el sector público
- El 4 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei aplicó su veto total, a través del Decreto 534/2025, negó su promulgación y lo publicó oficialmente en el Boletín Oficial. Su justificativo fue el elevado impacto fiscal, aunque estimado entre 0,22 % y 0,42 % del PBI.
- La medida generó el rechazo de organizaciones sociales, familias y prestadores, que alertaron sobre el colapso del sistema de atención, los atrasos en pagos, y la eliminación de pensiones por invalidez. Hubo movilizaciones y reclamos frente al Congreso y en diversas ciudades del país