Fentanilo adulterado: diputados acusan al Ministerio de Salud por falta de control

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se refirió públicamente al escándalo del fentanilo contaminado que llegó a hospitales del país y que, según sus declaraciones, ya afecta a más de 90 familias que esperan respuestas del Estado.

Durante una entrevista televisiva, Tolosa Paz cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre cómo el fentanilo adulterado ingresó al sistema sanitario y qué controles fallaron en el proceso.

“¿Por qué el fentanilo contaminado llegó a los hospitales? ¿Qué hizo el ministro de Salud y qué rol tuvo la ANMAT en este caso?”, expresó la legisladora.

De esta manera, Tolosa Paz adelantó que presentó, junto a 67 diputados de distintos bloques, un pedido de creación de una comisión bicameral que investigue la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria. La iniciativa cuenta con el respaldo de referentes como Máximo Kirchner, Cecilia Moreau y Mónica Fein.

El marco normativo en discusión

La diputada recordó que en 2005 se aprobó la ley de precursores químicos, que regula el uso del fentanilo por tratarse de un opioide altamente potente, cinco veces más fuerte que la morfina. Esta normativa buscaba evitar que el insumo se desvíe hacia el narcotráfico y los circuitos ilegales.

Asimismo, señaló que el anterior Gobierno dejó vigente el Decreto 606/23, que incorporó mayores controles sobre cuatro insumos clave para la producción de fentanilo. También mencionó resoluciones aduaneras que establecieron estrictas medidas para la importación de fentanilo en Argentina.

Críticas al Ministerio de Salud

De manera enfática, Tolosa Paz denunció que el actual Ministerio de Salud desmanteló mecanismos de control implementados en años anteriores y que la falta de supervisión derivó en la crisis actual. Según la legisladora, el ministro dio escasas explicaciones públicas y evitó referirse a la magnitud del problema.

El fentanilo, de uso común en unidades de terapia intensiva para el tratamiento del dolor, también es un opioide altamente codiciado por el mercado ilegal. Por eso, la diputada insistió en que la responsabilidad del Estado es clave para garantizar controles rigurosos que eviten su desvío y adulteración.