Santiago O’Donnell cuestiona la censura a grabaciones de Karina Milei: "Es un claro tema de interés público"
El periodista Santiago O’Donnell, autor del libro Argenleaks y especialista en filtraciones, se refirió en Radio Brisas a la medida cautelar dictada por el juez Patricio Maraniello, que prohíbe difundir las grabaciones de Karina Milei.
Para O’Donnell, esta decisión judicial “es un claro acto de censura previa que da una imagen de fragilidad institucional” y afecta directamente la libertad de expresión.
“El tema no son las grabaciones, sino la información que contienen. Es información de interés público y, por lo tanto, no se puede ocultar”, afirmó.
El periodista remarcó que el intento de frenar la difusión no puede revertir lo que ya trascendió:
“Una vez que la pasta de dientes salió, no la podés volver a meter. La información ya circuló y no se puede robar”.
Además, sostuvo que la Constitución Nacional garantiza el derecho de los periodistas a informar:
“No me defiende una ley local, me defiende la Constitución. La libre circulación de datos de interés público es clave para la democracia”.
Comparación con Wikileaks y Assange
O’Donnell recordó su experiencia en medios internacionales y su colaboración con Julian Assange, fundador de Wikileaks:
“Me especialicé en filtraciones porque son el presente y el futuro del periodismo. Todos quieren hacer su propio Watergate”.
El periodista destacó que la Justicia distingue entre fuente y periodista: la primera puede enfrentar sanciones legales, pero el segundo está amparado por la Constitución cuando publica información de relevancia social.
“El poder busca que no se sepa”
Al analizar el rol de los medios, O’Donnell señaló que las filtraciones deben verificarse y analizarse, pero que el núcleo es el mismo:
“El objetivo es mostrar algo que el poder quiere ocultar. No importa quién lo diga, lo que importa es el documento”, señaló en diálogo con Alfredo Ves Losada.
Para el periodista, impedir la difusión de las grabaciones de Karina Milei representa un intento de controlar la narrativa pública y limitar el acceso ciudadano a información clave sobre presuntos hechos de corrupción.